El 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esta fecha fue instaurada con ocasión de la primera reunión de trabajo de las Naciones Unidas sobre la población indígena en Ginebra en 1982. Desde entonces, el desarrollo de instrumentos internacionales, así como la conciencia pública internacional, sobre el valor particular de los pueblos indígenas, sobre sus derechos y sobre los enormes desafíos y amenazas que enfrentan ha sido constante. Y, sin embargo, no se puede decir que la situación que hoy enfrenta esa población, que según Naciones Unidas abarca a 476 millones de personas que viven en 90 países, sea sustancialmente mejor.
Una heterogénea constelación de factores conspira contra los derechos y el bienestar de los pueblos indígenas, y entre ellos se cuentan la resistencia de los Estados a reflejar auténticamente la diversidad en sus normas, instituciones y políticas; los intereses de diversos sectores de la actividad económica privada, en particular de los vinculados con industrias extractivas; y el surgimiento de nuevas formas de criminalidad asociadas también con el extractivismo. A la vez, fenómenos potencialmente cataclísmicos como el cambio climático, y la regresión política y cultural mundial hacia diversas formas de autoritarismo, hacen aún más complejo el horizonte.
En el caso del Perú, la difícil situación de los pueblos indígenas es un reflejo de esa complejidad mundial, pero a la vez alberga retos propios del deterioro de la institucionalidad democrática en el país y del sostenido empobrecimiento de la gestión estatal. No es ajena a ese contexto, evidentemente, la captura de las instituciones del Estado por una diversidad de intereses privados, algunos de ellos de carácter francamente ilícito.
Un recuento de las amenazas que hoy enfrentan los pueblos indígenas en el Perú tendría que incluir en un lugar notorio los efectos del cambio climático y su estela de desastres, desplazamientos territoriales y empobrecimiento.
Junto con ello está la precariedad de la defensa de los territorios de los pueblos indígenas, siempre bajo la presión de las actividades extractivas legales, informales e ilegales. Este tema aparece, por lo demás, asociado a la situación de indefensión que todavía rodea a los dirigentes de pueblos indígenas frente a la criminalidad asociada a dichas actividades ilegales, situación que ya ha dado lugar a asesinatos y numerosos ataques de diverso tipo, frente a lo cual el Estado oscila entre la inoperancia y la indiferencia.
Pero más allá de estas circunstancias particularmente dramáticas en las que está en juego la misma integridad física no se debe perder de vista que hay una deuda de reconocimiento ciudadano con los pueblos indígenas, y que esta debe ser saldada por políticas públicas de largo plazo orientadas a hacer valer sus derechos y a fomentar el reconocimiento y la equidad. Se encuentran aquí las siempre descuidadas políticas de interculturalidad y, dentro de ellas, la educación intercultural bilingüe, así como el fortalecimiento de la representación y la participación política. Esto último no solo se encuentra secularmente postergado, sino que, como es fácil comprender, tiene pocas expectativas de avance en el estado de deterioro en que se halla la institucionalidad democrática y el horizonte electoral en el Perú de hoy.
La deuda con los pueblos indígenas en el Perú sigue, así, ahondándose: nuevas necesidades y urgencias se añaden a problemas antiguos nunca resueltos. Para empezar a saldar esa deuda es indispensable no solamente fortalecer la conciencia pública sobre los derechos de los pueblos indígenas sino también restaurar la gobernanza democrática o, incluso más básicamente, el funcionamiento de la política como deliberación y competencia sobre intereses públicos y legítimos, por oposición a los intereses privados e ilícitos que son los que predominan hoy.
