Este 24 de marzo se conmemora el día internacional del derecho a la verdad. La fecha fue instituida por Naciones Unidas en homenaje a monseñor Oscar Arnulfo Romero, asesinado en El Salvador en esa fecha, en 1980, por denunciar las violaciones de derechos humanos que cometía el Estado durante el conflicto armado interno. El nombre oficial de la conmemoración es Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas y está asociado con los derechos de las víctimas en contextos de conflictos armados o de gobiernos autoritarios. Se trató de un reconocimiento necesario no solamente a la figura de monseñor Romero sino, en efecto, a un derecho que secularmente había sido ignorado.
En las últimas décadas el derecho a la verdad ha ganado terreno de diversas formas. En el mundo de la justicia de transición su principal vehículo son las comisiones de verdad. Pero no son el único medio en el que ese derecho se realiza. También los escenarios judiciales, las políticas de archivo y las políticas de memoria son espacios de búsqueda de verdad. En el Perú, como se sabe, la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue un impulso decisivo hacia la realización del derecho a la verdad. Hoy en día la existencia de una política de búsqueda de personas desaparecidas, que tiene un registro que se aproxima al número de 25 mil personas, constituye una prolongación de la búsqueda de verdad sobre las atrocidades cometidas durante el conflicto armado interno. Pero se debe considerar que ahora el país afronta otra demanda de verdad, y también de justicia, en relación con las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las manifestaciones de protesta del año 2023.
El derecho a la verdad, por lo demás, se ha expandido y hoy no está asociado únicamente con las violaciones de derechos cometidas en contexto de conflictos o dictaduras. Ha crecido la conciencia de que las vulneraciones de la vida y de la integridad humanas se producen en múltiples contextos y también de que abusos antiguos –a veces lejanos en la historia—también deben ser expuestos a la luz pública como una forma de reconocimiento a las víctimas y como un paso hacia el máximo de justicia que sea posible. Diversas colectividades definidas por género, etnicidad, orientación sexual y otras condiciones reclaman, hoy en día, políticas de búsqueda y exposición pública de la verdad. Esta es una condición ineludible para la salud de una democracia.
