Foto: Pólemos.
Este martes, 20 de junio, se conmemora el Día Mundial del Refugiado, una fecha instituida por las Naciones Unidas para crear conciencia sobre la difícil situación de millones de personas que huyen de conflictos armados o de la persecución y cruzan fronteras en busca de seguridad en otros países.
Aunque este es, según tal definición, un fenómeno específico que no cabe confundir con otras formas de expatriación, sí hay que reconocer que esta dinámica de desprotección y vulnerabilidad abarca a contingentes mucho más amplios de personas, como aquellas que pueden ser descritas como desplazadas o migrantes. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha señalado recientemente que «(e)l informe Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado, la publicación anual más importante de ACNUR, reveló que, a finales del 2022, el número de personas desplazadas por guerras, persecución, violencia y violaciones de los derechos humanos llegó a 108,4 millones; es decir, la cifra más alta de la que se tiene registro y un aumento de 19,1 millones en relación con el año 2021.»
En América Latina el fenómeno más notorio y acuciante de este género es el de la población venezolana. Se estima que los migrantes venezolanos superan el número de 7 millones. En el Perú, según ACNUR, hay más de 1.5 millones de personas venezolanas. Medio millón de ellas han solicitado la condición de refugiadas. Esas cifras convierten a nuestro país en «el primer país de acogida de personas venezolanas con necesidad de protección internacional y el segundo destino de refugiados y migrantes venezolanos a nivel mundial.»
Al mismo tiempo que se insiste en reclamar o fomentar mejores políticas para el tratamiento de ese contingente migratorio, hay que tener presente las diversas formas de desplazamiento interno que existen en el país, desde el desplazamiento por el conflicto armado interno, pero no limitado a ese fenómeno.
Esta es una fecha para recordar los compromisos internacionales que el Estado peruano tiene sobre la materia, compromisos que abarcan desde estándares en las políticas de acogida hasta políticas que ayuden a la población migrante a insertarse en condiciones dignas, libres de discriminación, prácticas xenofóbicas y las diversas formas de violencia que afectan a esta población especialmente vulnerable.
