Es público y notorio que la coalición que controla el poder político en el Perú hoy está decidida a capturar el Ministerio Público para ponerlo al servicio de sus intereses. Estos intereses no son otros que impedir las investigaciones fiscales sobre presuntos delitos de los miembros de tal coalición y sus allegados y clientes, así como desaparecer el obstáculo que la labor fiscal (y la judicial) representan para el proyecto autoritario que desarrollan el gobierno y el Congreso.
Porque esos motivos son evidentes, no se puede tomar en serio el giro que ahora quiere dar la coalición a su estrategia para tomar el Ministerio Público, que consiste en presentar su atropello como un “conflicto” entre dos partes con igual derecho o como parte de una preocupación por reformar y mejorar el funcionamiento de la institución.
Esta estrategia en dos pasos es característica de este sector, y así ha sido visto en varias ocasiones. Primero se intenta lograr el objetivo por la fuerza o con arbitrariedad indisimulada, pasando por encima de toda formalidad jurídica o de todo protocolo democrático, para presentar al país antes hechos consumados. Después, si eso fracasa, se lanza el discurso de la neutralidad, de la equivalencia de razones jurídicas, para generar la idea de que no se trata de un conflicto entre el Estado de Derecho y la arbitrariedad, como de hecho lo es, sino entre dos partes con iguales derechos, frente a lo cual se debe buscar, supuestamente, una salida de consenso.
Hoy vemos ese libreto repetido al pie de la letra. Primero vino el ariete para derribar las puertas del Ministerio Público: eso fue el intento de irrupción por la fuerza protagonizado por Patricia Benavides. El asalto fracasó y días después la Junta de Fiscales Supremos, único órgano autorizado para decidir sobre quién es Fiscal de la Nación, zanjó la cuestión. La Junta Nacional de Justicia, como ha quedado claro, puede reponer a Patricia Benavides en el cargo de fiscal suprema (acto por sí mismo cuestionable), pero no puede convertirla en Fiscal de la Nación.
Fracasado el asalto por la fuerza, viene el segundo acto, el de convertir un golpe institucional en un simple conflicto entre aspiraciones equivalentes. El Congreso alega que quiere reformar el Ministerio Público. Es decir, si no puede imponer a la persona que quiere al frente de la institución, hay que reformar la institución. (Hay que recordar que hace meses se hizo flotar desde el Congreso la idea de que había que crear una comisión que supervisara las decisiones del Poder Judicial en vista de que no podían controlar al Poder Judicial). Patricia Benavides, por su parte, lanza el discurso del desinterés y la renuncia diciendo que en bien de la institucionalidad estaría bien que todos los fiscales supremos, incluida ella, dejaran sus cargos (“no aferrarse al cargo”, es la frase recurrente) y permitieran que el Congreso reformara el Ministerio Público. Finalmente, la Junta Nacional de Justicia, que fue la que intentó habilitar la usurpación, propone una “solución armoniosa” entre las partes enfrentadas.
Hay que señalar claramente que no es cierto que estemos ante un “conflicto” entre dos titulares del Ministerio Público ni ante una situación jurídicamente debatible. Estamos ante un intento de captura de una institución y ante un atentado más contra normas básicas del Estado de Derecho. Este no puede ser relativizado por la simple pretensión de un sector de imponerse arbitrariamente y que ahora alega, fingiendo modales democráticos, la búsqueda de un consenso y propone de manera insincera e interesada una reforma institucional.
Rechazar esas argucias no significa, como se pretende decir ahora, ser intransigente sino simplemente defender el Estado de Derecho frente a una arbitrariedad más.
