Fuente: RTVE.
El ataque a Israel por milicias de la organización islamista radical Hamas, que controla el territorio palestino de Gaza desde el año 2007, merece una condena sin reservas por parte de todos los miembros de la comunidad internacional, independientemente de cuál sea su lectura del prolongado conflicto palestino-israelí. El lanzamiento indiscriminado de miles de cohetes sobre territorio israelí, y los asesinatos, secuestros y vejámenes perpetrados contra ciudadanos de esa misma nacionalidad, constituyen por sí mismos violaciones del Derecho Internacional Humanitario y, con toda probabilidad, crímenes previstos por el Derecho Internacional Penal. Pero, además de eso, representan un durísimo golpe a los esfuerzos por alcanzar la paz mediante negociaciones y acuerdos, y más bien podrían inaugurar un periodo de intensa violencia en el Medio Oriente, complejizada y atizada por la intervención de diversos países con intereses territoriales, económicos, políticos o ideológicos en la región.
Condenar el criminal ataque de Hamas no implica en modo alguno desconocer, y mucho menos validar, la situación de sufrimiento y penurias impuesta a la población palestina por el Estado israelí bajo su política de asentamientos. Esa situación configura un incumplimiento por Israel de obligaciones internacionales y principios humanitarios, y debe cesar. Pero, desde una perspectiva estricta de derechos humanos, ella no excusa el ataque violento desencadenado por Hamas, del mismo modo en que este ataque tampoco legitimaría una represalia sin límites contra la población civil palestina por parte de Israel –como el estado de cerco establecido y otras respuestas indiscriminadas.
Hay que decir que este sangriento episodio viene a sumarse a una preocupante tendencia alrededor del mundo, que es la imposición de posturas radicales que por designio desdeñan y, en lo posible, socavan los principios del derecho internacional, en la esfera estrictamente jurídica, y el camino de las negociaciones y los compromisos, en el ámbito de lo político. Asistimos desde hace años, en diversas partes del mundo, a una erupción de liderazgos que buscan legitimarse mediante el radicalismo y la acción unilateral, y ese fenómeno ya es una amenaza cierta a escala global.
No es difícil, así, prever que la condenable acción de Hamas tendrá como efecto reforzar a las posturas más inflexibles y extremas en el tratamiento del conflicto, ni es imposible inferir que ese es, precisamente, el efecto buscado: desacreditar en ambos lados el dificultoso camino de la negociación, aunque no para encontrar una improbable solución por el camino de la fuerza (una solución que, de llegar, sería siempre precaria y efímera), sino, simplemente, para cosechar apoyos en medio del caos y la destrucción, y al precio de incontables vidas humanas. Una acción terrorista en gran escala como la que acaba de perpetrar Hamas busca, precisamente, que la violencia sea el único lenguaje posible, y, según una lógica atroz, el escalamiento de la violencia contra la población bajo su control solo sería una medida de su éxito.
La comunidad internacional encara ahora la urgencia prioritaria de evitar por todos los medios a su alcance que se abra un perverso ciclo de ataques y retaliaciones indefinidas en la región y reconducir el tratamiento del conflicto a los cauces de la negociación y el derecho. Los requisitos sine qua non para ello son, primeramente, condenar sin ambages las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos sin buscarles excusa ni argumentos para la impunidad de ninguna índole, y, en segundo lugar, encuadrar el proceso en el marco del multilateralismo y los compromisos internacionales en lugar de simplemente espectar acciones unilaterales. Solamente reafirmando principios, normas y procedimientos de validez internacional, que han sido fruto de consensos forjados a lo largo del último siglo, se podrá evitar un desborde que solo podría traer más muerte y sufrimiento en la región y alrededor del mundo.
