Hace dos semanas el Congreso de la República cometió un abuso más contra los derechos de la ciudadanía, el cual debe ser ampliamente conocido y denunciado. Esta vez las víctimas fueron las comunidades campesinas. Mediante una modificación a la ley 25657 –Ley que declara de necesidad nacional e interés social el deslinde y la titulación del territorio de las comunidades campesinas– el Congreso ordena que las tierras comunales que se encuentren ocupadas por centros poblados y asentamientos humanos constituidos entre 2004 y 2015 sean formalizadas y registradas, es decir, que se consume oficialmente el despojo de tierras de aquellas comunidades. La nueva norma plantea dos salvedades: el despojo no se oficializará si las comunidades invadidas tienen la condición de pueblo indígena u originario o si han iniciado acciones para reivindicar su territorio antes del 31 de diciembre de 2015, es decir, hace diez años.
En la actualidad, existen en el país más de 6 mil comunidades reconocidas oficialmente. Y, como señala el CEDEP en un reciente pronunciamiento, la proporción de comunidades que además figuran en la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios es minúscula.[1] Eso hace que esa primera salvedad que plantea la norma sea, en realidad, inútil. Además de eso se plantea un severo recorte temporal al derecho de las comunidades a accionar legalmente para reivindicar su territorio.
Pero más allá de esto, se trata de una norma que en sí misma vulnera una diversidad de derechos de las comunidades y cuya constitucionalidad y legalidad son cuestionables. La disposición ignora la problemática realidad de las comunidades y, más ampliamente, de la gestión del territorio en el país, y, como parte de eso, la existencia de invasiones organizadas en vinculación con el tráfico de terrenos y otras formas delictivas.
Estamos, así, ante un grave caso en el que confluyen tres de las orientaciones más perversas del actual Congreso: la limitación y hasta el despojo de derechos de la ciudadanía, la vulneración sistemática del Estado de Derecho y la tendencia a facilitar o favorecer el avance arrollador de prácticas informales y hasta delictivas en diversas partes del territorio nacional.
