El Congreso se encuentra a punto de perpetrar, una vez más, un serio atentado contra el estado de derecho en general, y contra los derechos humanos en particular. Hoy, martes, la comisión de Constitución ha aprobado un proyecto de ley que garantiza la impunidad para militares, policías y miembros de fuerzas paramilitares (comités de autodefensa o rondas campesinas) por delitos cometidos durante el conflicto armado interno en la lucha contra las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y MRTA.
El proyecto en cuestión –proyecto de Ley 7549/2023-CR– fue presentado por el exmilitar y congresista Jorge Montoya y ha sido defendido a rajatabla por uno de los más radicales voceros del autoritarismo de derecha actualmente imperante, Fernando Rospigliosi, quien preside dicha comisión del Congreso. El proyecto, que ahora está a un paso de su aprobación por el pleno del Legislativo, otorga amnistía a todos los miembros de las fuerzas armadas, la policía y los comités de autodefensa “denunciados, investigados o procesados por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo en los años 1980 y 2000” que no hayan recibido una sentencia firme con calidad de cosa juzgada. La misma figura de impunidad beneficiará a los miembros adultos mayores de esas mismas entidades u organizaciones que sí tengan sentencia firme.
El proyecto no discrimina entre los tipos de delitos que serían objeto de amnistía; es decir, abarca tácitamente delitos que no son pasibles de amnistía ni de otras figuras de impunidad en el marco jurídico peruano (y hemisférico e internacional en general) como violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y no plantea ninguna condición o límite para ello. Constituye, así, una medida de impunidad general, indiscriminada e incondicionada radicalmente reñida con el Derecho e incluso con toda consideración ética y democrática. Es una medida afín a las que se practicaba en los viejos autoritarismos de hace cuatro décadas o más, completamente ajena a los consensos y compromisos legales internacionales vigentes.
Aunque quienes han fraguado esta medida buscan presentarla como un acto de defensa del debido proceso de los acusados, en tanto se apoya en el principio del plazo razonable para ser procesado judicialmente, lo cierto es que ella carece de fundamento legal y constitucional. No está de más mencionar que, en una medida considerable, la demora de muchos procesos está relacionada con la sistemática negativa del Estado a franquear el acceso a información relevante para el Ministerio Público y el Poder Judicial (una situación que se ha agravado últimamente, en este contexto de negacionismo, por el bloqueo del acceso a los archivos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación montado por la Defensoría del Pueblo). Es necesario repetir, por lo demás, que esta medida constituye, además de un severo atentado contra el orden democrático en general, un serio abuso contras los miles de familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que todavía esperan justicia un cuarto de siglo después de finalizado el periodo de violencia.
No es la primera vez que las fuerzas más regresivas y autoritarias del país, sea desde el Poder Ejecutivo o desde el Congreso, intentan instalar la impunidad general en el Perú. En esas ocasiones previas ha habido reflejos institucionales y sociales que lo han impedido tomando como base, entre otros elementos, la jurisprudencia interamericana que proscribe amnistías, indultos y otras formas de impunidad en la región. Hoy la situación es mucho más incierta: la coalición en el poder ha optado por desconocer todo freno legal y social para la realización de sus objetivos y solo está encontrando como límite, todavía, la defensa de la Constitución por un pequeño, pero valiente, sector de jueces y fiscales. Por otro lado, incluso el escenario internacional ha devenido más adverso a la defensa de los derechos humanos. Las voces de la sociedad civil, y la academia como parte de ella, sin embargo, no deben renunciar a la crítica y la denuncia de estos recurrentes gestos autoritarios en todos los foros a su alcance.
