Composición: Infobae.
El Congreso de la República se dispone a perpetrar un nuevo y muy grave atentado contra la democracia. La investigación “sumaria” por una presunta “causa grave” a la Junta Nacional de Justicia, que evidentemente puede resultar en la destitución de sus miembros y su sustitución por otros afines a los intereses del Congreso, tiene ese significado y no otro. Más allá de que en la letra de la Constitución esté consignada la facultad fiscalizadora del Congreso y la posibilidad de remoción de los miembros de la JNJ, es evidente que en este caso se trata de una maniobra de claros intereses políticos y de grupo. Por ello este juicio sumario ha motivado ya la crítica y el rechazo de numerosas organizaciones de la sociedad civil y también de la Organización de Naciones Unidas y merece también nuestro firme rechazo.
El trámite de esta investigación al JNJ genera enormes dudas respecto del debido proceso. Para empezar, la sola noción de “causa grave” es indefinida: es una más de esas figuras fiscalizadoras que, pese a sus grandes consecuencias potenciales, tienen un contenido nebuloso, pasible de ser interpretado caprichosamente. Eso es lo que está ocurriendo en este caso. Es lo que sucede cuando la potestad de interpretar o aplicar las leyes queda en manos de actores con escasas convicciones democráticas.
Por otra parte, la geometría de intereses es aquí transparente, y eso solamente hace más grave este atentado del Congreso. Por un lado, la JNJ tiene en su agenda de trabajo investigaciones o procesos a personajes a los que el Congreso quiere defender en tanto son afines a sus intereses. Desbaratar al JNJ es impedir que esas investigaciones se lleven a cabo; es decir, es impedir que funcione la fiscalización sobre el aparato judicial y que se resguarde el Estado de Derecho. Por otro lado, el sometimiento o control de la JNJ mediante integrantes dóciles a los grupos que controlan el Congreso abriría el camino para nombrar autoridades electorales también de acuerdo con una intención política predefinida.
Así, si bien a lo largo de este año hemos presenciado sucesivos ataques a la democracia desde el Congreso, este reviste una particular gravedad, pues someter a la JNJ implica potencialmente tomar control de las instituciones electorales y por lo tanto de la libertad de elegir autoridades en procesos limpios, que es tal vez lo mínimo que se puede esperar de una democracia.
