Hacer desaparecer al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) es un permanente anhelo de los sectores conservadores y regresivos en materia de derechos humanos en el Perú. Esa es una intención que cruza las presuntas divisiones entre izquierda y derecha. Dentro de este quinquenio, ya en el gobierno de Pedro Castillo se había expresado la idea de cambiarlo por un “ministerio de la familia”. La actual alianza autoritaria entre gobierno y congreso da continuidad a ese propósito, ahora con más posibilidades de llevarlo a la realidad.
Hoy en día el primer ministro, Gustavo Adrianzén, habla de fusionar a dicho ministerio con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). No ha pasado desapercibido que en el reciente cambio ministerial dos de los ministros relevados fueron los de esas carteras. Siguiendo con la tónica de este gobierno en sus dos fases (y, en realidad, de varios otros gobiernos) las personas elegidas para dirigir los respectivos sectores destacan por su falta de conocimiento, experiencia e interés respecto de los temas concernientes al despacho. Eso no es sino un signo más de que, en realidad, al gobierno no le interesa la gobernanza de los temas y problemas de cada sector sino la disposición de un equipo de incondicionales.
La falta de sustento para ese cambio salta a la vista. Los voceros del gobierno, incluyendo a las nuevas ministras, pretenden justificarlo con el argumento de la eficiencia estatal: diseñar un estado más pequeño, con menos ministerios, como fórmula para evitar el dispendio y optimizar su funcionamiento. Pero ese argumento no es creíble por nadie que sepa del hábito derrochador de gobierno y Congreso, por lo general con medidas arbitrarias de gasto orientadas a favorecerse a sí mismos.
La motivación real se encuentra, como es evidente, en la voluntad de ejecutar una agenda regresiva que tiene como blanco de ataque, en particular, todos los avances en materia de inclusión y reconocimiento de derechos, así como de protección de sectores de la población especialmente vulnerables. Hay que tener presente, por cierto, que este proyecto de desmantelamiento del sistema de protección de derechos recibe hoy un nuevo impulso —que puede ser determinante— por el giro radical contra las políticas de inclusión y reconocimiento impuesto en EE.UU. por el gobierno de Donald Trump. Como se comenta en estos días, la suspensión de la ayuda al desarrollo a través de USAID afecta a una serie de acciones vitales para el Perú, que van desde el combate al narcotráfico y otras actividades económicas delictivas hasta la promoción de los derechos de minorías y poblaciones vulnerables.
Es evidente que las funciones que desempeñan los dos ministerios en cuestión no son equiparables ni redundantes en modo alguno, por lo que su fusión o absorción de uno por el otro de ningún modo puede ser leída en términos de eficiencia, especialización o mejor focalización. Lo que se anuncia, así, no es sino una hipotética y futura desprotección de derechos, en particular de las mujeres, y una deserción del Estado —una más— respecto de sus compromisos y obligaciones legales.
