El intento de captura del Ministerio Público por la fuerza que realizó ayer Patricia Benavides es un ejemplo más –un ejemplo extremo y grotesco– de la profunda descomposición institucional del país y del galopante proceso de demolición de la democracia que lleva adelante la oscura coalición en el poder.
Todo lo que rodea este episodio está revestido de irregularidades, como han hecho notar diversos actores de la sociedad civil. Estamos ante una arremetida en la que se conjugan, hasta devenir indistinguibles, los impulsos autoritarios con la protección de la corrupción.
La actuación de la Junta Nacional de Justicia en este caso, al restituir a Benavides a la Junta de Fiscales Supremos y al disponer que retome el cargo de Fiscal de la Nación, no hace sino evidenciar una vez más cómo esa entidad, tan importante para preservar la idoneidad de la administración de justicia, ha sido capturada por los intereses ilegítimos que hoy marcan el paso en el Poder Legislativo. Más allá de la ilegalidad de esta disposición –en tanto no es atribución de la JNJ decidir sobre quién ocupa el cargo de Fiscal de la Nación– es importante recordar las razones por las que Benavides fue destituida: su acto ilegal de favorecimiento a su hermana, investigada por la fiscal suprema Bersabeth Revilla, a quien Benavides separó del cargo.
No está de más recordar que fue esta misma JNJ la que hace poco intentó forzar una ilegal suspensión del cargo de la magistrada Janet Tello, presidenta del Poder Judicial. La línea de acción es, así, bastante visible.
Está muy claro que este empeño ilegítimo en controlar el Ministerio Público forma parte de una vasta agenda antidemocrática, que viene avanzando a pasos veloces mediante iniciativas del Congreso y del Poder Ejecutivo. Se trata de proteger intereses turbios y garantizar la impunidad en una diversidad de casos que son investigados por el Ministerio Público. Pero, además, como se ha dicho, todo esto se halla en consonancia con otros empeños de control institucional y de secuestro de la administración de justicia, donde hoy se encuentran los últimos reductos de defensa del Estado de Derecho frente a la conjura antidemocrática del Legislativo y el Ejecutivo.
No es exagerado, por ello, hablar, como lo ha hecho la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de un intento de golpe de Estado en marcha. Nos encontramos ante el despliegue sistemático de una campaña de subversión del orden democrático frente a la que todo el país debería reaccionar.
