Tradicionalmente, la realización de procesos electorales sirve para evidenciar la salud de un régimen democrático. El que acaba de tener lugar en el país, y en particular en lo que concierne a la competencia por la alcaldía de Lima Metropolitana, ha ofrecido constataciones de una descomposición que se arrastra desde hace años, como se sabe, y que no da visos de remediarse. Y esto es así por lo menos en dos dimensiones: la del funcionamiento institucional y la de las actitudes hacia la democracia de una significativa porción de electores.
Es difícil resumir en pocas líneas la variedad de irregularidades legales y trasgresiones políticas y morales que se encarnan en la postulación de López Aliaga, quien hasta el momento aparece como el más probable vencedor de la contienda. Un resumen muy apretado de estas tendría que consignar lo siguiente: postuló a la alcaldía de Lima en 2023 con la promesa de que, si resultaba electo, no abandonaría el cargo para postular a la Presidencia; abandonó el cargo y postuló en la elección presidencial; no pasó a la segunda vuelta y respondió con una variedad de reacciones grotescas que iban desde la denuncia de fraude hasta el llamado a la violencia; en la misma elección fue elegido senador y renunció al escaño, sin que eso estuviera permitido, para volver a postular a la misma alcaldía que había abandonado; como no podía volver a postular inmediatamente al cargo de alcalde, hizo que su partido pusiera a otro candidato al puesto y a él mismo como postulante a teniente-alcalde; a mitad de carrera el candidato postizo renunció, lo que abría el paso para que López Aliaga, como teniente-alcalde, fuera en los hechos nuevamente alcalde, contra lo que la ley permite; durante el resto del proceso hizo campaña como candidato y hasta participó en el debate entre candidatos, mientras sostenía que no lo era.
Todo ello, como se sabe, fue validado en su momento por el Jurado Nacional de Elecciones, la autoridad que debería garantizar que las elecciones se realicen cumpliendo escrupulosamente el marco legal establecido para ellas. La invalidez jurídica de varios de los pasos que llevan a esa candidatura disimulada ha sido señalada repetidamente durante todo el proceso. El profundo cinismo de toda esta artimaña también ha sido evidente siempre. No obstante, la institucionalidad permaneció pasiva y permisiva. Los medios de comunicación masiva de más alcance rara vez cuestionaron frontalmente este atentado. Y al menos una cuarta parte de los electores de la capital ha apoyado esta burla –que incluye, conviene no olvidarlo, también una burla a los electores que lo apoyaron en 2023 creyendo en su promesa de cumplir el periodo para el que fue elegido.
Más allá de cuál sea el resultado final y quién termine ocupando el puesto de alcalde de Lima Metropolitana, lo sucedido hasta el momento echa una espesa sombra sobre el futuro de la democracia. Esta se sostiene ahí donde la ciudadanía comparte una serie de convicciones sobre el valor del Estado de Derecho —es decir, el respeto al marco jurídico—, pero también sobre ciertos criterios básicos de honorabilidad en el ejercicio de la función pública. Ese no parece ser el caso hoy.
Sin necesidad de detenerse en lo que ha sido la ejecutoria misma del gobierno municipal por López Aliaga —promesas exorbitantes y, por lo demás, incumplidas; obras de infraestructura inacabadas y muchas veces inconvenientes; inversiones caprichosas y arbitrarias que han perjudicado financieramente a la ciudad; abandono de todo criterio de gestión pública que no se reduzca a sembrar cemento—, su presencia misma en este proceso, y la preferencia que le concede un sector de la población, sugieren una cultura democrática en estado crítico. Con instituciones y ciudadanos resignados, si es que no conformes, con que la política sea una carrera de embustes, es claro que la recomposición de la democracia en el país será un camino duro de transitar.
