En el año 2021 fue aprobado el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos con un plazo de duración que iba hasta el año 2025. Se trató de un momento importante, pues de ese modo se contaba con una herramienta que permitiera un avance observable y medible en un asunto público de gran importancia. El plan disponía la ejecución de hasta 97 acciones a cuyo avance se podría hacer seguimiento mediante 150 indicadores. Para la realización de ese importante plan quedaban involucradas veintidós entidades estatales.
Transcurrido ese plazo el avance es bastante pobre. En esta edición de nuestro boletín semanal presentamos un balance de lo ejecutado en el plazo indicado y que consta en el informe «Del compromiso al resultado. Evaluación de la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025». Este ha sido realizado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP y AMOTAPE-Centro para el Desarrollo Sostenible.
Según esta evaluación, el grado de cumplimiento de las acciones estipuladas llega apenas al 14%. Y del total de acciones, el 58% no han sido materia de ningún avance en absoluto. Este pobre resultado es desalentador, pero no sorprendente. Se condice, en realidad, con el abandono general de una perspectiva de gobernanza en el Estado peruano en un periodo en el que gobierno y Congreso parecen haber abandonado toda noción de agenda pública para enredarse, más bien, en la procura de intereses privados. En un contexto semejante, el Estado y sus servicios pueden seguir funcionado rutinariamente, e incluso puede mantenerse la estabilidad financiera del país, pero es improbable que se produzcan cambios que demanden una acción decidida del Estado para modificar un estado de cosas.
La vigencia del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos fue ampliada recientemente hasta fines de este año. Es evidente, sin embargo, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación comentada, que la situación no habrá cambiado significativamente para cuando venza el nuevo plazo. La gran pregunta es, entonces, si será posible que en un futuro mediato se podrá recomponer en el país la gobernanza de manera que esta y otras políticas públicas indispensables, que no dependen solamente del funcionamiento rutinario del Estado, puedan desarrollarse. La tendencia del actual Congreso a destruir reformas que pudieran significar algún avance en materia de derechos es un pésimo precedente. Y las opciones que ofrece el horizonte electoral no parecen augurar ese cambio, salvo por contadas excepciones, pero el futuro de este Plan y de muchas políticas comparables tendrían que ser un punto en la agenda de discusión.
