[Editorial] En respaldo a la necesaria lucha contra la corrupción

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) considera esencial reafirmar su respaldo a la lucha contra la corrupción que desarrolla el Ministerio Público, rechazar la campaña de desprestigio que se pretende montar en estos días y demandar al Poder Ejecutivo que, en lo que le compete, tome también medidas para prevenir la corrupción.

La decisión tomada por Alan García cuando iba a ser objeto de detención preliminar por graves cargos de corrupción ha suscitado, como era inevitable, una gran cantidad y variedad de opiniones. Además de señalar que se trata de una triste situación personal y familiar, es importante identificar, y denunciar, una corriente de opinión que pretende aprovechar dicha desgracia para descarrilar la lucha contra la corrupción en el país.

Se utiliza la muerte de García Pérez para desacreditar el trabajo de los fiscales anticorrupción y, en particular, para criticar el empleo de figuras jurídicas como la detención preliminar y la prisión preventiva. Lo cierto es que esas figuras existen dentro del ordenamiento legal peruano y no habían sido cuestionadas de este modo hasta que se empezó a aplicarlas a personajes poderosos de la política nacional. A pesar de que una proporción considerable de la población penitenciaria peruana está recluida bajo alguna de esas dos figuras, lo que de por sí resulta reprochable, los que hoy las cuestionan no las habían denunciado antes como una medida autoritaria.

Se habla, por otro lado, de una persecución contra ciertas organizaciones políticas. Pero basta observar la variedad de personajes que están bajo prisión preventiva o con órdenes de arraigo o bajo proceso de extradición para desechar esa acusación interesada. Más allá de los cuestionamientos que pueda recibir, la aprobación de un pedido de prisión preventiva de 36 meses a Pedro Pablo Kuczynski reconfirma la invalidez de esa tesis.

Es un hecho objetivo que la Fiscalía había acopiado serios indicios de corrupción contra García, por lo cual una restricción temporal de su libertad, como parte de la acción fiscal, no era sino una acción legítima de la justicia. No está de más recordar que el gobierno de la República de Uruguay consideró que en el Perú no hay persecución política ni un uso manipulado de la acción judicial.

Finalmente, es preciso decir que esta etapa nefasta de nuestra historia republicana, que demanda rendir cuentas a los últimos cinco jefes de Estado, debería mover a la sobriedad y el recato de quienes hoy aprovechan esta tragedia personal para socavar la lucha contra la corrupción y para cuestionar esa idea que debería ser la base de nuestra democracia: la igualdad de todos ante la ley.