Al día siguiente de la marcha del 15 de octubre autoridades del nuevo gobierno anunciaron que se planeaba instaurar un estado de emergencia en Lima Metropolitana, presuntamente para combatir la criminalidad. La conexión entre la medida propuesta y las protestas contra el gobierno y, más ampliamente, contra la coalición que ha capturado el poder, es innegable. Es una medida que, sea como sea que se pretenda justificarla, se suma al enfoque represivo que se ha convertido en una norma de acción del Estado ante la protesta ciudadana.
Está comprobado que los estados de emergencia no son un instrumento útil para combatir la delincuencia. Solo son un gesto que hacen los gobiernos para dar la impresión de que se está tomando en serio el problema. Ni antes ni ahora se ha ofrecido una explicación básica de en qué sentido un estado de emergencia ayudaría a combatir a las bandas que se dedican a la extorsión que sufren no solamente los transportistas sino también trabajadores de muchas otras actividades económicas. Por el contrario, como también está comprobado por la experiencia del país en lo que va de esta década, los estados de emergencia son contextos en los que se pone en riesgo los derechos de la población.
Dicho esto, no se puede ocultar la vinculación entre estas medidas y la manera como se ha enfrentado a la población que se moviliza en marchas de protesta. La marcha del 15 de octubre implicó una reedición de esos métodos centrados en lo represivo y en el uso desproporcionado de la fuerza pública. Esto, como se sabe, ha incluido el asesinato de un manifestante por un policía, como ha sido reconocido por las propias autoridades. A ello se suman detenciones y lesiones. Señalarlo no significa ignorar que también hubo algunas acciones violentas de los manifestantes y lesiones a agentes de la policía. Pero el sentido largamente dominante de la manifestación es ajeno a la violencia, mientras que de parte del Estado se pone en acto desde el inicio una respuesta represiva y de uso desproporcionado de la fuerza. Además, se adopta tácticas altamente irresponsables y riesgosas como es el lanzamiento de bombas de gases lacrimógenos contra la población al mismo tiempo que se cierran las vías de escape.
En ese contexto, el anuncio de un probable estado de emergencia en la capital justifica la alarma de quienes defendemos el derecho de la ciudadanía a manifestarse públicamente. Antes que para combatir la criminalidad que agobia a la población, esa medida parece dirigida a impedir que la población proteste contra el autoritarismo y la corrupción y contra la inoperancia del Estado frente al crimen.
