Desde el día de ayer ha paralizado temporalmente sus actividades un conjunto de empresas de transporte urbano que operan desde Lima Norte. Es una medida de protesta por la falta de respuesta efectiva del gobierno ante la ola de extorsiones que diversas organizaciones criminales practican contra los transportistas. Esa práctica criminal ya se ha traducido en asesinatos de trabajadores del ramo y ha dejado varios pasajeros heridos. Las amenazas y ataques por organizaciones que incluso emplean armamento de guerra se han convertido en una angustiosa experiencia diaria que, además de la pérdida de vidas humanas, genera pérdidas económicas por los obligados pagos de “cupos” y un entorno de aguda zozobra para la ciudadanía.
Aunque esta situación ha sido advertida desde hace meses, hasta el momento no se ha producido una respuesta clara del gobierno. Solo ahora, ante el paro de transportistas, el ministro del Interior ha anunciado la creación de un grupo especial de inteligencia policial dedicado a atender las denuncias. Los gremios involucrados en la protesta consideran que esa es una respuesta insuficiente. Entre tanto, decenas de miles de ciudadanos que se desplazan desde la zona y hacia la zona sufren ahora, además de la ya mencionada situación de zozobra, enormes dificultades para realizar sus labores diarias, lo que les ocasiona, a su vez, afectaciones económicas y perjuicios de otros tipos.
La situación tiene una variedad de aristas críticas además de las ya señaladas. Una de ellas es que la práctica delictiva de la extorsión a negocios no es en absoluto algo nuevo, sino un hecho que ha sido denunciado desde hace un tiempo. Hoy la noticia atañe al sector del transporte urbano. Hace poco los afectados eran (y con seguridad lo siguen siendo) los propietarios de bodegas en diversos distritos de la capital. Un poco antes se hablaba con más frecuencia de las prácticas extorsivas en el sector de la construcción. Y se podría enumerar otras áreas de actividad económica sometidas a esa práctica. El corolario es que lo que hoy se ve en la zona norte de la ciudad no es un hecho sorpresivo o de reciente gestación, sino la consecuencia de años de negligencia o incapacidad del actual gobierno, y de los anteriores, para poner atajo a una rampante criminalidad organizada.
Y esto lleva a otro aspecto de la cuestión, que es el referido a la acción del Congreso dirigida a dificultar cada vez más la lucha contra la delincuencia en el país. En este caso, como ha sido observado por diversos expertos, un esfuerzo decidido por combatir a las bandas delictivas que practican la extorsión se vería debilitado por la ley dada recientemente para restringir el concepto de organización criminal. Así, al dar leyes con la intención de proteger ciertos intereses particulares colocándolos fuera del alcance de la ley, lo cual ya es condenable en sí mismo, el Legislativo genera, además, una situación de aguda vulnerabilidad e indefensión para la ciudadanía.
La asfixiante situación que hoy se experimenta en Lima Norte no es únicamente una historia de criminalidad desbordada y de ineficiencia estatal, sino que está eslabonada con el problema general del país: unas autoridades concentradas en favorecer sus pequeñas y turbias agendas propias, y desentendidas enteramente de todo lo concerniente a la seguridad y, en general, a los derechos de la ciudadanía.
