Entre las facultades legislativas al gobierno que el Senado añadió irregularmente se encuentra la de modificar el decreto legislativo 1095, que regula el empleo y uso de la fuerza por las fuerzas armadas, para declarar “grupos hostiles” a las organizaciones criminales. Esa intención puede reflejar, al mismo tiempo, la clamorosa falta de claridad del gobierno sobre cómo hacer frente al problema de la inseguridad ciudadana y su intención de aprovechar esa crisis como pretexto para apuntalar un régimen autoritario.
Lo primero es visible, para empezar, en el hecho de que ni desde un punto de vista jurídico ni desde una óptica sociológica las organizaciones criminales caen dentro de la definición de grupo hostil. Esta implica, entre varios requisitos, que la organización en cuestión desarrolle una confrontación militar sostenida y directa con el Estado. Ese no es el caso. Pero el problema no es únicamente de nomenclatura, sino que atañe a la cuestión de cómo es que esto ayudaría a enfrentar la crisis. Una mala definición del problema que se enfrenta es garantía de fracaso. Algo que se aprendió de los primeros años de la violencia desatada por Sendero Luminoso fue, precisamente, que el Estado no supo identificar la naturaleza específica de la organización que enfrentaba, y eso llevó a una diversidad de errores que favorecieron la expansión de Sendero Luminoso y también, trágicamente, a la perpetración de numerosas violaciones de derechos humanos contra la población. Hoy en día, por el simple afán de hacer un gesto aparatoso de cara a la ciudadanía a falta de una aproximación estratégica seria, el gobierno se prepara a cometer un error parecido.
Otra cuestión importante es que la definición del problema en términos de “grupos hostiles” conduciría a otorgar la conducción de la política de seguridad a la fuerza armada y dejaría en un papel secundario a la policía. Una muestra de la incoherencia del gobierno y su falta de seriedad es que, al mismo tiempo que se empeña en definir la situación en estos términos, sigue diciendo que la fuerza armada cumpliría un papel de apoyo a la policía en el resguardo del orden interno. O estamos ante grupos hostiles y por lo tanto recae en la fuerza armada la responsabilidad de enfrentarlos. O no son grupos hostiles y por tanto la fuerza armada cumple un papel de apoyo a la policía.
Lo dicho hasta aquí es una muy mala noticia para la ciudadanía, pues es una señal de que, en realidad, no hay una comprensión clara del problema que se enfrenta ni, por lo tanto, una estrategia viable para ello. Lo que parece haber, en vez de todo ello, es una campaña publicitaria: gestos para las redes sociales, no acciones para modificar una crítica realidad.
Pero, como se ha dicho arriba, la falta de respuesta a la violencia criminal es, siendo algo muy grave en sí mismo, solo una parte del problema. La otra reside en los riesgos para los derechos humanos que significa esta militarización de la sociedad que quiere imponer el gobierno. Si se tiene en cuenta el marco autoritario generado por el anterior Congreso controlado por el fujimorismo, por el cual se garantiza impunidad a la fuerza pública ante posibles violaciones de derechos humanos, el proyecto militarista en marcha aparece como una seria amenaza para la población. Hay que añadir a este esquema, además, el interés en desproteger territorios indígenas y áreas de preservación del medio ambiente para que sean objeto de explotación económica, y lo que eso significa en términos de riesgos a las poblaciones que reivindican sus derechos en dichas áreas.
Estamos, en suma, ante un proyecto que, lejos de servir para proteger a la ciudadanía contra la criminalidad rampante, tiende a hacerla más vulnerable a la violación de sus derechos.
