Un rasgo que ha caracterizado a la vida política del país a lo largo de este siglo es el uso y abuso de la declaración de estados de emergencia para enfrentar cualquier situación que los gobiernos definen como crítica. Este rasgo, heredado del decenio autoritario de Alberto Fujimori, ha estado orientado mayormente a controlar o restringir las manifestaciones de la población o a enfrentar manu militari problemas que deberían ser tratados con medios de gestión política.
Es, por ello mismo, paradójico, pero también revelador, que hoy, cuando la multiplicación de incendios forestales en el territorio nacional constituye una auténtica crisis con visos de tragedia humana, social, humana, ecológica, ambiental y económica, este gobierno, que ha hecho uso libérrimo de las declaratorias de emergencia, se resista a emplear dicha figura jurídica y por lo tanto a adoptar medidas excepcionales y urgentes para contrarrestar la situación. Más chocante, aún, como efecto simbólico, es que esta negativa a actuar responsablemente se haya manifestado en el mismo momento en que el gobierno, empezando por la presidenta Boluarte, aparecía concentrado en rendir honores póstumos a Alberto Fujimori, el exgobernante autoritario condenado por la justicia peruana por graves violaciones de derechos humanos y corrupción.
Son por lo menos siete regiones –Amazonas, Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martin y Ucayali—las que en estos momentos se debaten entre la sequía y los incendios forestales que no dejan de propagarse. Esto significa una multiplicidad de daños para esas regiones y para el país entero. Hablamos de una trágica destrucción del medio ambiente, de pérdidas de bosques, de un empobrecimiento aún más profundo de la población, de muerte de animales silvestres (no solo hoy, por los incendios, sino también en el futuro, por la destrucción de su entorno), de futuros desequilibrios ecológicos y de muchas más consecuencias.
A todo ello, y en respuesta a una urgente demanda de las regiones afectadas, el primer ministro responde que no ve mayores razones para declarar estado de emergencia y evade responsabilidades hablando de las causas de la crisis, a las que a su vez simplifica reduciéndolas a las operaciones de quema emprendidas por los agricultores locales
Como se señala en una nota de Ramiro Escobar que publicamos en este boletín, los factores causantes de esta tragedia son múltiples y complejos, y entre ellos se encuentran, como grave contexto general, el efecto del cambio climático, y como factor directamente emanado del Estado “la reciente modificación de la ley forestal, que casi llama a arrasar con la cobertura boscosa sin que haya consecuencias”. Y, desde luego, no están ausentes, detrás de la situación general, los intereses de grupos más grandes que los de las pequeñas unidades familiares involucradas.
Pero al mismo tiempo que es necesario determinar las causas y responsabilidades y actuar sobre ello, es urgente, hoy, una rápida y masiva movilización de recursos humanos, financieros, técnicos, políticos, jurídicos y de varios tipos más para contener el avance del fuego, salvar vidas y proveer ayuda y alivio a los afectados. La negativa del gobierno a reconocer la gravedad de los hechos y a actuar en consecuencia es un chocante gesto de inhumanidad y una grave negligencia sobre la que los responsables deberán rendir cuentas en algún momento.
