Los debates entre candidatos a la presidencia desarrollados hasta la fecha han traído una pésima noticia a la ciudadanía: descontando una o dos excepciones, no cabe esperar de ninguno de ellos una respuesta a la crisis de criminalidad organizada y violenta que esté basada en un análisis serio y responsable del problema y en acciones con posibilidades de ser efectivas.
La gran mayoría de propuestas redundan en un puñado de ideas rústicas limitadas a la creencia de que más amenaza de castigo se traduce en mayor disuasión y que mayor disuasión significa menos delitos: construcción de cárceles, implantación de pena de muerte, imposición de castigos físicos, incremento de penas de carcelería son las “ideas” más recurrentes.
Desde luego, cabe preguntarse si los candidatos suscriben realmente esa lógica rudimentaria y si verdaderamente creen en la posible eficacia de tales propuestas. Lo que sí es indudable, en todo caso, y eso es un agravante, es que están convencidos de que estas coinciden con el estado de ánimo de la población general y de que, por tanto, explotar ese estado de ánimo, e incluso exacerbarlo, es una forma efectiva de conquistar votos. A esa lógica perversa se refiere la idea de “populismo penal” o “populismo punitivo”, que es, en esta materia, la negación misma de una actitud responsable o incluso sincera frente a la población. No es otra cosa que la explotación del miedo de la ciudadanía para ganancia propia.
Un elemento indisociable de esta aproximación demagógica al problema de la inseguridad ciudadana es el creciente debilitamiento de la institucionalidad democrática del país. Las propuestas acarrean típicamente la promesa de retirar al Estado peruano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta promesa se apoya en el sofisma según el cual el SIDH, al ser un obstáculo para la implantación de la pena de muerte para una diversidad de delitos, vulnera la soberanía del país. Para ello se propaga una imagen completamente distorsionada del papel de ese Sistema y al mismo tiempo una noción trasnochada de soberanía, que la equipara con autarquía, ocultando que si el Perú está sujeto a las normas del Sistema y a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eso es, justamente, resultado de un acto de soberanía del Estado peruano mediante el cual la ciudadanía accede a una instancia supranacional de protección de sus derechos. Se calla, por otro lado, que el SIDH no es el único sistema normativo internacional al que el Estado peruano se encuentra suscrito y cuya jurisdicción acata.
No es un componente menor de este tratamiento demagógico de un problema tan grave como el de la criminalidad violenta y la inseguridad ciudadana el que los candidatos se resistan en su mayoría a tomar una postura clara frente la diversidad de leyes favorables al crimen dadas en estos años por el Congreso y promulgadas por el Poder Ejecutivo. Esa omisión convierte por sí misma en dudosos los compromisos proclamados y las medidas propuestas.
Por último, es patente que la gran mayoría de los enfoques presentados carecen de un intento de comprensión compleja o integral de la situación. En primer lugar, parecen centrarse casi exclusivamente en la situación en Lima y olvidar las diversas formas e intensidades con que se presenta el problema en las demás regiones. En segundo lugar, parecen desconocer los nexos entre la criminalidad violenta en las ciudades y la proliferación sin control de actividades económicas ilegales en el territorio nacional. En tercer lugar, ignoran deliberadamente la vinculación entre el crimen violento en las calles y una diversidad de problemas socioeconómicos desatendidos largamente como la informalidad, las graves falencias de gestión urbana y de ordenamiento del territorio y, desde luego, la debilidad institucional de la administración de justicia y de la policía nacional, sobre las cuales solo se oyen vagas promesas de “reforma”.
Estamos, pues, como hemos dicho, ante una muy mala noticia, y es, por lo demás, particularmente nocivo que la diversidad de problemas y necesidades que aquejan a la población se haya reducido, en este proceso electoral, a un tema tan propenso a ser tratado de manera efectista y demagógica, y que, en efecto, ha sido tratado de esa manera.
