Todavía no está definido el futuro de José Jerí como Presidente. Aún dan vueltas por el Congreso sendas propuestas de censura y de vacancia y se sigue discutiendo cuál sería la figura idónea para, llegado el caso, expulsarlo del puesto de Jefe de Estado: si censurarlo en tanto presidente del Congreso que ha recibido el encargo de actuar como Presidente de la República o si declarar vacante la Presidencia como tal. Pero más allá de esta discusión está la cuestión de la voluntad política: la posibilidad de reunir las 78 firmas de congresistas necesarias para convocar una sesión plenaria en la que se vote la permanencia o la salida de Jerí en el cargo. Hasta el día de hoy esas firmas no existen.
A pesar de la serie de actos y situaciones más que turbias en que Jerí aparece cotidianamente involucrado, todavía hay agrupaciones –principalmente, el fujimorismo– que buscan protegerlo o, como se dice en el argot político local, “blindarlo”. Eso no sorprende, sino que está en perfecta consonancia con lo que sabemos de la actuación de este Congreso: la conveniencia particular, el mantenimiento de alianzas de mutua protección contra la justicia, los contubernios propicios para favorecer negocios legales o ilegales han desalojado todo escrúpulo ético o incluso legal de la práctica cotidiana de la mayoría de los ocupantes del Congreso.
Así, en sentido estricto la permanencia o la salida de Jerí no depende tanto de la gravedad y de la cantidad de los actos francamente irregulares que parecen ser su agenda principal como presidente –reuniones furtivas con negociantes de origen chino, asignación de contratos públicos a mujeres allegadas a él tras visitas de estas a Palacio, etc.–, cuanto de lo que los diversos grupos crean más conveniente para sus intereses. Incluso las agrupaciones que se manifiestan más decididamente a favor de la censura o la vacancia están lejos de tener un genuino interés en la moralidad pública, como lo demuestra consistentemente su ejecutoria durante todo este periodo legislativo. En realidad, posibles ajustes de cuentas entre aliados y cálculos electorales, ahora que ha empezado la competencia por la presidencia y el Congreso, resultan los factores más determinantes.
A pesar de ello –esto es, más allá de las motivaciones reales de quienes proponen censuras o vacancias– la salida de José Jerí es un imperativo. Y no porque su expulsión de la Presidencia determine una oxigenación del contaminado espacio político peruano ni mucho menos un cambio en la gestión pública, sino, únicamente, porque en una democracia tan degradada como la nuestra ya sería una variación apreciable que por una vez las transgresiones de un político tuvieran consecuencias.
