Después de cuarenta años, los familiares del periodista ayacuchano Jaime Ayala, desaparecido en Huanta en el año 1984, han hallado algo de la justicia que les ha sido denegada hasta ahora. Ayer, 30 de septiembre, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, presidida por la jueza Miluska Cano, dictó sentencia condenatoria por la desaparición forzada de Ayala contra Alberto Rivero Valdeavellano, quien fuera jefe del Comando Político-Militar de Huanta y La Mar. La sentencia también declara a Rivero responsable de delito “contra la vida, cuerpo y la salud” contra seis evangélicos de Callqui –las víctimas del crimen que Ayala denunció-, miembros de la comunidad de Culluchaca, y otras personas. En total, se trata de más de sesenta víctimas. Además, ha quedado en reserva la sentencia sobre el jefe de la base de Huanta cuando ocurrieron los hechos, Augusto Gabilondo García del Barco, quien se encuentra prófugo en España.
En esta sentencia convergen una diversidad de elementos que reflejan la dificultad del acceso a la justicia en el Perú y sobre la deuda no prescriptible que tiene el Estado con las víctimas de los crímenes cometidos por agentes estatales en esa época. Los cuarenta años de espera nos hablan de la tenacidad y la valentía de los familiares, de su persistencia en la demanda de justicia a pesar del entorno hostil que enfrentan, así como también del valor de las organizaciones de la sociedad civil que los asisten en una demanda siempre solitaria, incomprendida y frecuentemente estigmatizada.
Hay que destacar como un elemento especialmente relevante que en este caso la defensa solicitó que se aplicara la ley de impunidad dada recientemente por el Congreso, la cual ordena la prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002 (ley 32107). Los jueces decidieron inaplicar la ley en la medida en que esta no aprueba el control de convencionalidad ni de constitucionalidad y es incompatible con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de un criterio ya aplicado en otros casos y que señala la ruta que podría seguir el Poder Judicial –que hoy aparece como un último bastión de defensa de la democracia contra las arremetidas del Ejecutivo y del Legislativo. El caso subraya, además, por lo tanto, la importancia efectiva de la separación y la independencia de los Poderes como ingrediente constitutivo de todo régimen democrático.
No es un detalle simbólico menor que esta sentencia haya sido emitida en vísperas del Día del Periodista, que se celebra hoy. Jaime Ayala es símbolo del papel que, por su solo compromiso con la verdad, puede cumplir el periodismo en la defensa de la vida, de la integridad y de la dignidad de sus conciudadanos, y de los riesgos a los que un periodista independiente está expuesto frente a la intolerancia de los poderes políticos y de facto. En estos días subsiste en el Perú un periodismo comprometido con ese rol y expuesto a la hostilidad de tales poderes, pero, deplorablemente, también vemos a diario, sobre todo en los medios de comunicación masiva más populares, un periodismo que se presta a ser caja de resonancia de la falsedad, de maniobras distractivas y de la estigmatización. Este día, esta sentencia y el sacrificio de Jaime Ayala de hace cuatro décadas deben ser un recordatorio de la alta responsabilidad que toca al periodismo en esta hora difícil para la democracia en el Perú.
