El anuncio de que Alberto Fujimori será candidato presidencial de Fuerza Popular no solamente implica un imposible jurídico sino también, con parejo nivel de gravedad, una descomunal falta de respeto al país. Esto último no sorprende, siendo la agrupación que lo postula un actor central de la coalición que está destruyendo sostenidamente la institucionalidad democrática. Pero si el atrevimiento no es sorprendente, no por ello debe merecer menos el rechazo de todos los sectores democráticos de nuestra sociedad.
La inviabilidad jurídica de esa candidatura ha sido señalada en las últimas 48 horas por una amplia diversidad de observadores o expertos. Alberto Fujimori fue declarado responsable de graves violaciones de derechos humanos –además de delitos vinculados con la gigantesca red de corrupción montada durante su gobierno—que equivalen a crímenes de lesa humanidad. El indulto que se le otorgó de manera claramente irregular no significa la anulación de esos delitos, sino que solamente lo exime de cumplir el resto de su condena. En tanto el delito no ha dejado de existir, una candidatura suya a la presidencia de la República es imposible.
Pero, como señalamos, más allá de esa determinante cuestión legal hay que llamar la atención sobre el desprecio de su organización por toda forma democrática e inclusive por la simple noción de la buena fe en la convivencia política y social. Se debe recordar que el indulto que se ha mencionado fue, en primer lugar, indebido por razones sustantivas, esto es, por la falta de acreditación de las urgencias de salud alegadas, sin olvidar que, en principio, y salvo circunstancias muy particulares que no se llegaron a sustentar, esas medidas de impunidad no proceden en caso de violaciones de derechos humanos. A eso hay que añadir, naturalmente, que el indulto fue concedido como moneda de cambio en un turbio intercambio de favores entre un sector del fujimorismo y el gobierno, lo que terminó con la deshonrosa caída del presidente de entonces, Pedro Pablo Kuczynski. Ese indulto fue objetado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo calificó como un desacato del Estado peruano; el indulto fue, a la larga, revertido, pero solo para que unos años más tarde este gobierno, pasando por encima de los compromisos y obligaciones legales del Estado, volviera a hacerlo efectivo. Imposible imaginar un acto de impunidad más rodeado de arbitrariedades.
Dicho eso, no se puede dejar de señalar lo evidente, que es la complacencia en la falsedad y el engaño, es decir, la completa prescindencia de todo criterio de buena fe que se expresa en el anuncio de esta candidatura: habiendo logrado un indulto irregular alegando un severo peligro de su salud, ahora Alberto Fujimori se declara apto para ingresar a la arena política y para tentar nada menos que la Presidencia. Más allá del caso concreto, este gesto puede ser el ejemplo más elocuente del abandono de todo escrúpulo ético que hoy en día prevalece en el ejercicio de la política en el país.
Algunos analistas han señalado que el anuncio es, más que una intención real, un ardid táctico dirigido a impulsar en su momento la candidatura de la líder de Fuerza Popular. Es posible. Pero eso no mitiga el hecho gravísimo de que la candidatura anunciada hoy es, además de un imposible jurídico, una burla a lo que queda de la cultura democrática en el Perú y, sobre todo, una ofensa a las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno de Alberto Fujimori y con su decisiva participación.
