La semana pasada la Junta Nacional de Justicia, bajo la pesada influencia del Congreso, dio dos graves pasos –dos más— hacia la desnaturalización del Ministerio Público y hacia su sujeción a los intereses de los diversos grupos que integran la coalición gobernante y de otros actores asociados a ella.
Primero, la JNJ denegó la ratificación como fiscal supremo al magistrado Pablo Sánchez. Después, se decidió por unanimidad destituir a la fiscal suprema Delia Espinoza. En ambos casos, como es sabido y notorio, se trata de magistrados que se han caracterizado por defender la independencia y el respeto a la legalidad dentro del Ministerio Público y, por lo tanto, por oponerse a su avasallamiento por intereses políticos y económicos. En ambos casos es evidente también que se trata de venganzas o represalias ejecutadas por quienes componen la JNJ y, como ya se ha dicho, de maniobras destinadas a asegurar la subordinación del Ministerio Público.
Para denegar la ratificación al fiscal supremo Sánchez, quien, por lo demás, está próximo a jubilarse, se ha dicho que no cumple con los requisitos de idoneidad propios de la institución. Esa alegación es insostenible, no solamente en lo sustantivo, considerando la limpia ejecutoria del magistrado Sánchez, sino también por contraste con todo lo turbio que se sabe acerca de la conducta del actual Fiscal de la Nación.
En el caso de la fiscal Delia Espinoza se la acusa de desacatar la resolución de la JNJ que ordenaba la reposición en el cargo de la cuestionada Patricia Benavides. Es evidente que se trata de una represalia.
Estos atropellos y arbitrariedades de la Junta Nacional de Justicia son tan recurrentes que se corre el peligro de que la opinión pública se acostumbre o se resigne a ellos y empiece a tomarlos como parte del estado normal de las cosas. Eso no debe ocurrir. Al manipular la composición de la Junta de Fiscales Supremos de esta manera tan evidente la JNJ, y quienes la digitan desde los predios del Legislativo, no solamente profundizan el deterioro institucional del país; además de eso estas arbitrarias decisiones atentan contra los derechos fundamentales de toda la ciudadanía, pues debilitan al Ministerio Público o, peor que eso, buscan convertirlo en una pieza funcional de la estrategia de la coalición gobernante orientada a entorpecer la lucha contra la corrupción y diversas formas de crimen organizado.
