El secuestro, la tortura y la ejecución de trece trabajadores mineros en el distrito de Pataz constituyen un crimen abominable que conmociona al país y por el que deben responder, en primer lugar, los autores de la masacre, pero también quienes crean y mantienen el entorno en el que este y otros crímenes son posibles, es decir, el gobierno y el Congreso de la República.
Existe como primera obligación, junto con la asistencia a los familiares de las víctimas, la inmediata acción de la policía y de la administración de justicia para identificar, capturar y procesar judicialmente a los responsables. Pero este hecho brutal, que evidencia que el crimen organizado está fuera de control, es una demostración más de al menos tres hechos: que el gobierno, empezando por la presidenta de la República, no tiene mayor voluntad de trabajar seriamente por restablecer la seguridad ciudadana; que, aún si la tuviera, padece de una aplastante incompetencia al respecto; y que gobierno y Congreso son corresponsables de mantener e incluso ampliar el marco institucional dentro del cual el crimen organizado tiene mayores oportunidades para actuar y mayores posibilidades de impunidad. Esos tres elementos hablan de una radical indiferencia del gobierno hacia los derechos fundamentales, el bienestar o la simple tranquilidad de la población.
Sobre lo primero, ha sido chocante que, en su comparecencia tras conocerse la masacre de Pataz, la presidenta dijera, refiriéndose a una hipotética censura al primer ministro y como quien da una lección, que la censura del anterior ministro del Interior y su reemplazo por uno nuevo no había solucionado la crisis de seguridad ciudadana. Pocas veces se puede oír una confesión tan abierta. Lo que la presidenta nos dice es que, si bien las cosas iban mal con el ministro Santiváñez, el país no debió molestarse en cuestionarlo puesto que ella no iba a nombrar a otro que lo hiciera mejor. Es decir, que el país debe resignarse a la forma de hacer –o, más bien, no hacer– del gobierno. Ese no hacer, por lo demás, quedó demostrado una vez más en este caso por las declaraciones del primer ministro cuando se supo del secuestro de los trece trabajadores: simplemente puso en duda el hecho y mantuvo al gobierno en la inacción hasta que se produjo el brutal desenlace. Un aspecto adicional de la actitud desaprensiva del gobierno frente a tragedias como esta es que la presidenta haya usado el hecho para intentar desacreditar al Ministerio Público, que la investiga a ella y su entorno por una diversidad de hechos turbios.
La falta de competencia o capacidad del gobierno para hacer frente a la criminalidad se han puesto de manifiesto, una vez más, en las medidas puramente efectistas anunciadas como respuesta a la masacre de Pataz: toque de queda de doce horas, control total de la fuerza armada sobre la zona, instalación de una base militar, suspensión de la actividad minera, insistencia en crear la figura de terrorismo urbano. Todo ello forma parte de un repertorio de gestos más o menos espectaculares que se repiten ante cada nueva conmoción, que en ningún caso llegan a configurar una auténtica política pública para combatir al crimen y que, más bien, tienden a poner en riesgo la seguridad de la población.
Finalmente, todo esto está englobado en un contexto mayor que es la generación de un entorno favorable o seguro para la criminalidad de parte del Congreso y con aval del Poder Ejecutivo. Se ha señalado reiteradamente los diversos elementos de ese contexto, como son las leyes que hacen más difícil para el Ministerio Público la investigación de organizaciones criminales. Hoy se menciona en conexión con la masacre de Pataz las sucesivas ampliaciones, decididas por el Congreso, del plazo de funcionamiento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que mientras esté abierto ofrece a la minería informal e ilegal la oportunidad de actuar sin mayor control. Ese es el marco institucional dentro del cual se mantienen intactas y proliferantes las organizaciones ilegales en diversos territorios mineros y en el que se vuelven posibles hechos como la ejecución de trece trabajadores revelada este domingo.
Las responsabilidades son graves y son evidentes. Desgraciadamente, las posibilidades de que ellas sean reconocidas y lleven a enmiendas son muy escasas dada la composición de los poderes ejecutivo y legislativo en la actualidad. Pero no por ello la sociedad organizada debe ceder en su actitud de denuncia y de demanda de respuestas.
