Desde las épocas más oscuras del fujimorismo de los años 90 pocas veces se había visto un empeño tan desmedido en maniatar, controlar o subordinar a las instituciones judiciales como el que hoy lleva adelante el Congreso. Es un proyecto en el que los grupos políticos que maniobran en el Legislativo vienen recibiendo sucesivos reveses, después de cada uno de los cuales vuelven a la carga con acciones más desembozadas, a las que ya ni siquiera se intenta dar una apariencia democrática o de juego limpio.
Después del fracaso de la toma del Ministerio Público por Patricia Benavides ha surgido una acusación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y contra los miembros de la Junta de Fiscales Supremos Juan Villena, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez, supuestamente por los delitos de desobediencia, resistencia a la autoridad y usurpación de funciones. Nos encontramos, evidentemente, ante una represalia contra quienes impidieron la toma de la institución por los grupos coludidos para ese fin en el Congreso. Pero, sin dejar de ser un acto de venganza, es un intento más de capturar el Ministerio Público expulsando de la Junta a magistrados independientes.
En consonancia con ello aparece en el Congreso la propuesta de una “declaratoria en emergencia” –y, por consiguiente, una supuesta reorganización– del Ministerio Público. Las motivaciones son evidentes. En días pasados se señaló en el diario La República (5/07/25) que “ocho congresistas de la bancada de Renovación Popular y tres de la bancada Honor y Democracia, quienes respaldan declarar en emergencia el Ministerio Público (…), se encuentran investigados por presuntos delitos de corrupción, crimen organizado y otros”. Esto reconfirma algo ya conocido. La motivación central de esta campaña de captura de las instancias judiciales es impedir las investigaciones que involucran a miembros del Congreso o a sujetos y negocios favorecidos por ellos.
Eso no es todo, sin embargo. Además, está en juego la independencia de entidades centrales para lo que queda de democracia en el Perú. Se trata del proyecto para capturar a otras instituciones en las que el Ministerio Público tiene un representante, según el diseño constitucional vigente, como lo es, de la manera más patente, el Jurado Nacional de Elecciones.
Según avanza el calendario electoral, las facciones antidemocráticas instaladas en el Congreso buscan asegurar los mecanismos para usurpar a la voluntad ciudadana en el caso de que esta no las favorezca. Así, uno de los últimos residuos de la democracia que va dejando en pie el Congreso, como es el derecho de elegir autoridades en comicios libres y limpios, está también en peligro con cada nueva arremetida del Legislativo contra las instituciones de la administración de justicia.
