La tragedia ocurrida en el centro comercial Real Plaza de Trujillo demanda una exhaustiva investigación que determine las responsabilidades civiles y, eventualmente, penales y que haga justicia a las víctimas. Por el momento, el número de muertes producidas por el desplome del techo del patio de comidas llega a seis; las personas heridas suman decenas.
Conforme pasa el tiempo va surgiendo información que dificulta hablar de un hecho fortuito e impredecible. Hay por delante un análisis técnico de múltiples aristas para determinar las mencionadas responsabilidades: la causa del desplome, el cumplimiento o incumplimiento de todas las medidas de seguridad y prevención obligatorias, la existencia o inexistencia de conocimiento sobre el riesgo, y varios más. Se espera del Ministerio Público una actuación diligente y pronta.
Más allá de los resultados a los que llegue la investigación, este dramático hecho ha venido a poner de relieve, una vez más, la manera en que el Estado –entiéndase, gobierno y Congreso—vienen desmantelando en los últimos años, en diversos ámbitos, el marco jurídico y administrativo para la protección de la población. Esta tendencia va desde la destrucción del sistema de supervisión de la calidad universitaria hasta, en este caso, el relajamiento de normas de seguridad en sectores empresariales de atención al público.
Así, se ha recordado en las últimas horas que el Congreso impuso en el año 2023 una ley que debilitaba la fiscalización a centros comerciales y que limitaba la facultad de los gobiernos municipales para clausurar centros comerciales ante incumplimiento de normas. A pesar de las objeciones planteadas por una diversidad de alcaldes, y de sus advertencias sobre lo que esto significaría como riesgo, el Congreso aprobó la ley. (En estos días, y a la vista de lo sucedido en Trujillo, la congresista Adriana Tudela ha retirado un proyecto de ley en el que se disponía que los certificados de inspección técnica de seguridad en edificaciones fueran de vigencia indeterminada). La relación entre este acto del Legislativo y la tragedia que hoy se lamenta es inocultable: presenciamos ya una sistemática tendencia de las autoridades a imponer normas destinadas únicamente a favorecer intereses económicos a expensas de las garantías de seguridad y, en general, de los derechos de la ciudadanía.
