El Presidente de la República tiene la obligación de dar una clara explicación al país sobre los vínculos contractuales y las gestiones indebidas que se le imputan. La democracia peruana, que fue rescatada hace dieciséis años de manos de un gobierno profundamente corrupto y violador de derechos humanos, necesita regenerarse moral e institucionalmente, y para ello es indispensable un deslinde categórico con la corrupción.
Señalado eso, es fundamental que se intente preservar el orden institucional del país y se evite embarcarse en una apresurada aventura política como la que expresan los instantáneos pedidos de renuncia o amenazas de vacancia que se han manifestado en estos días. Es preciso recordar que el funcionamiento de la democracia y las posibilidades de su consolidación requieren un justo equilibrio entre el apego estricto a la legalidad y el ejercicio de un criterio político guiado por principios de prudencia, mesura, imparcialidad y atención al bien público.
Un desenlace para la actual crisis política que no contemple ese equilibrio podría ahondar los déficit de nuestra democracia, e incluso socavarla gravemente, en lugar de ayudar a fortalecerla. Es preciso evitar que la búsqueda de una salida a la actual situación, cuya gravedad es insoslayable, se convierta en pretexto para favorecer intereses subalternos. Quienes hoy se encuentran ejerciendo la representación política de la sociedad en el Congreso deben abstenerse de precipitar una crisis ya sea con la intención de adelantar elecciones de manera oportunista o, más gravemente aún, con el fin de poner coto a las investigaciones fiscales que los podrían perjudicar.
La preservación del orden institucional del país y la defensa de una cultura democrática son dos dimensiones inseparables en cualquier salida que se pueda buscar a la actual situación. Ni la laxitud frente al delito ni el oportunismo político nos pueden conducir a consolidar la democracia que los peruanos y peruanas merecemos.
