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Editorial 12 de julio de 2022

La demolición institucional del país por parte de las autoridades avanza. Prácticamente cada semana se conoce de alguna iniciativa del Ejecutivo o del Legislativo orientada a desmontar el marco de protección y promoción de derechos fundamentales de la población. Ahora le ha tocado el turno al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Un congresista de Perú Libre, Américo Gonza, presentó un proyecto de ley para cambiar su nombre al de Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables. La iniciativa ya fue aprobada en la comisión de Descentralización. Dada la tendencia antiderechos que crece en el Legislativo, donde confluyen grupos conservadores de izquierda y de derecha, hay un serio riesgo de que la propuesta se concrete en ley.

En esta edición de nuestro boletín, Marcela Huaita, exministra de la Mujer, explica el itinerario seguido por este ministerio y la forma en que su organización actual se dirige a cautelar y promover los derechos de las mujeres. De esa explicación se entiende claramente que el cambio de nombre, lejos de ser inocuo o de tener la intención de ser más abarcador en su protección de derechos, procura un grave retroceso: desconocer y eventualmente desactivar las políticas de Estado orientadas específicamente a la protección de derechos de mujeres. Esa intención está en plena sintonía con la agenda regresiva de diversos grupos políticos que se declaran enemigos del enfoque de género.

Ninguna de las explicaciones ofrecidas por los defensores de esta propuesta resulta convincente ni muchos menos informada sobre los consensos jurídicos internacionales sobre esta materia. Las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas en Perú han expresado su rechazo a esta intención, a la que califican como un retroceso.

Pero si las explicaciones no son convincentes, en cambio sí son ilustrativas sobre la ideología de los impulsores de esta propuesta. Se dice que, al hablar de familia, y no de mujeres, estas quedan incluidas y, por el contrario, no se excluye a otros sectores de la población. Como han hecho notar diversas voces expertas, esto significa confinar a la mujer a un papel doméstico y a una función reproductiva. La mujer en la familia es solamente una de las múltiples formas en que existen las mujeres en sociedad y la familia es solamente uno de los varios espacios en que las mujeres han sufrido históricamente marginación y violencia.

La iniciativa presentada y sus premisas constituyen, de hecho, una agresión a los millones de mujeres que todavía esperan políticas y acciones más decididas para la protección y promoción de sus derechos.