Se acaba de designar al sexto ministro del Interior en menos de un año de gobierno. El nuevo ministro, tras la censura del Congreso a Dimitri Senmache, es el abogado Mariano González. De él se recuerda que fue ministro de Defensa en el primer gabinete de Pedro Pablo Kuczynski, en 2016, cargo que abandonó entre cuestionamientos por un presunto acto de favoritismo personal en su despacho.
Un problema particular de la agenda institucional y social del país es que ella queda diariamente opacada por graves incidentes vinculados con la política, y la corrupción. Hablar hoy de la agenda del Ministerio del Interior implica referirse automáticamente a la fuga de un exministro y de un sobrino del Presidente de la República en el marco de una conducta por lo menos negligente de las autoridades responsables. Así, tiende a aparecer como primer reclamo al nuevo ministro la captura de los evadidos. Otro tema notorio es la situación de los oficiales de Policía cuyos ascensos fueron obtenidos mediante maniobras irregulares o, de plano, ilícitas.
«El país vive desde hace años una crisis de seguridad ciudadana frente a la cual todavía no se logra diseñar una política efectiva, sostenible y apegada a principios de derechos humanos».
Todo ello es importante y merece atención rápida y vigilancia ciudadana constante. Pero no debería convertirse en una cortina que impida ver urgencias y necesidades amplias del sector, vinculadas con problemas generales que afectan cotidianamente a la población.
Lo cierto es que el país vive desde hace años una crisis de seguridad ciudadana frente a la cual todavía no se logra diseñar una política efectiva, sostenible y apegada a principios de derechos humanos. Esa debería ser la máxima prioridad del sector, una prioridad cuya atención implica también un amplio diálogo técnico e institucional, lejano de salidas demagógicas que simulan severidad contra el crimen, pero que en los hechos no aportan soluciones reales.
Como parte de ello, también ha de ser prioridad optimizar el respeto de los estándares internacionales sobre uso de la fuerza pública entre la policía. Todavía es intensiva, e incluso creciente, la tendencia a la movilización social de protesta. A los factores de conflicto socioambiental se han unido ahora nuevos elementos, como los que se derivan de las dificultades económicas provocadas por la pandemia de covid-19, primero, y por la invasión rusa de Ucrania y la consiguiente respuesta internacional, después. Frente a ello el papel de la policía como auxiliar en la garantía de derechos y como institución respetuosa de los derechos humanos de la población durante sus intervenciones tiene una importancia crítica.
Finalmente, en una enumeración incompleta de prioridades, hay que señalar la necesidad de asimilar y poner en práctica criterios de atención particular a sectores de la población vulnerables por diversos factores: mujeres víctimas de violencia de género y de trata de personas, población migrante, menores de edad, población LGBTI. El Estado peruano es suscriptor de instrumentos internacionales que determinan compromisos y postulan criterios de acción respecto de esos diversos tipos de población. Hace falta una política más decidida de incorporación y seguimiento de todo ello por parte de la fuerza pública.
Más allá de las urgencias más notorias por razones políticas, pero sin excluirlas, estos son puntos de agenda que vienen de atrás y que no podrán ser atendidos, por lo demás, con la aguda volatilidad en el liderazgo del sector.
