La Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) fue creada por una ley aprobada en el año 2016 después de largos años de demandas de decenas de miles de familiares de víctimas y de organizaciones de la sociedad civil. Desde su creación ha registrado más de 22 mil nombres de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado interno de los años 1980-2000. Solamente se han resuelto los casos de algo de más de 3000 de esas personas; es decir, todavía hay 19 mil casos pendientes de esclarecimiento, lo que equivale a decir más de 19 mil familias esperando todavía, y desde hace décadas, conocer la verdad sobre sus seres queridos.
Esa esperanza –que en sentido estricto es un derecho— ha quedado ahora deshecha por el gobierno mediante un simple acto administrativo: mediante una directiva recién aprobada se ha resuelto poner un plazo de término a las búsquedas de personas. Según esto, la búsqueda de una persona desaparecida solamente puede durar dieciocho meses, vencidos los cuales el caso quedaría cerrado mediante un informe técnico.
Hay que recalcar que esta medida surgida del Ministerio de Justicia ha sido cuestionada con argumentos solventes desde hace semanas por diversas organizaciones de la sociedad, y que incluso recibió serias observaciones de parte del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, las cuales han sido simplemente ignoradas por el gobierno.
Esta medida, por lo demás, refrenda oscuramente una tendencia ya puesta en práctica por quienes hoy dirigen la DGBPD, que es la de obstaculizar o, de hecho, bloquear el trabajo de sus dependencias en regiones como Junín, Huánuco y Ayacucho: es decir, una orientación a abandonar la búsqueda y a dar respuestas a los familiares.
En el menos malo de los casos, se podría decir que se trata de un insensible acto burocrático que, por un equivocado criterio de eficiencia, olvida los derechos humanos de decenas de miles de personas. Pero esa sería una interpretación ingenua y benevolente: la realidad es que este es un deliberado acto de negacionismo y un decidido paso hacia la supresión de la memoria y el atropello de los derechos de las víctimas. Esta decisión del gobierno va de la mano con otras medidas que constituyen un auténtico saqueo del marco institucional de los derechos humanos en el país como son la paralización del Lugar de la Memoria, la ley que procura impunidad para crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y otras más. Todo ello forma parte, como es notorio, de un proyecto autoritario que parece no reconocer límites ni siquiera en las obligaciones internacionales del Estado peruano.
