La semana pasada el Congreso aprobó en segunda votación una reforma del Código Procesal Penal cuyo sentido, en esencia, es limitar las facultades del Ministerio Público y ampliar las de la Policía Nacional en materia de investigaciones preliminares de delitos. La ley encarga a la policía hacer la investigación preliminar y conducir las diligencias, lo que significa que el Ministerio Público tendrá que actuar por intermedio de la policía. Aunque el objeto de este cambio es presentado como “la restitución de la capacidad investigativa de la PNP y agilizar los procesos penales”, se trata en realidad de un debilitamiento de la Fiscalía.
La decisión fue tomada, una vez más, en contra de la opinión de expertos en la materia y, sobre todo, en contra de las objeciones planteadas por el propio Ministerio Público. Se ha advertido suficientemente sobre las riesgosas implicancias que plantea este cambio. Pero ya es sabido que nada de eso interesa al Congreso. Y es previsible que los problemas que alberga la ley tampoco serán una preocupación para el Poder Ejecutivo, que, sin embargo, podría usar la facultad de observarla si deseara defender el Estado de Derecho y la lucha contra una diversidad de delitos.
La Junta de Fiscales Supremos ha señalado que la ley es inconstitucional y que afecta a la autonomía de la Fiscalía. Es una instancia más del ataque a la separación de Poderes, que es un principio del orden democrático.
Más allá de las inconveniencias materiales y técnicas de este cambio, y sin pasar por alto los problemas jurídicos de la medida también señalados por el Ministerio Público, se llama la atención sobre lo siguiente: esto asegura que desde el primer momento todo paso de una investigación sea conocido por el Gobierno, ya que la policía depende del Ministerio del Interior. En la turbia situación del país, cuando autoridades del Ejecutivo y miembros del Congreso llevan adelante una sostenida campaña para obstaculizar las investigaciones que los implican, o que implican a sus clientelas, este elemento no puede ser pasado por alto.
