Foto: Andina.
El desmantelamiento de la democracia por parte del Ejecutivo y el Congreso avanza en dos series paralelas. La más obvia es aquella en la que se produce una paulatina, y al parecer indetenible, neutralización de todas las instancias encargadas de garantizar el Estado de Derecho. Esto va desde el copamiento del Tribunal Constitucional con un claro interés de grupo y el nombramiento cuestionable de un nuevo Defensor del Pueblo, hasta el uso abusivo y arbitrario de figuras de control para maniatar el funcionamiento de la justicia, sometiendo a jueces y fiscales. Como se ha dicho, en todos esos casos es evidente la destrucción de la arquitectura institucional de la democracia. Pero hay otra serie de decisiones que van en la misma dirección: medidas que erosionan la democracia en cuanto afectan a los derechos de la ciudadanía y significan una involución respecto de criterios de pluralismo, equidad e inclusión.
Esto se observa en particular, pero no exclusivamente, en el sector de la educación. La reciente ley del Congreso que dispone el nombramiento docente automático para los profesores que tengan más de tres años contratados es un claro ejemplo. Esa ley ha sido cuestionada por importantes instancias del mundo de la educación como el Foro Educativo y el Consejo Nacional de Educación. También por el Sindicato Único de Trabajadores del Perú (Sutep).
Sus promotores alegan que la ley es dada en defensa de la estabilidad laboral. En la práctica se trata de una supresión del criterio del mérito, es decir, de solvencia profesional mínimamente necesaria para integrarse en el cuerpo permanente y estable de docentes de las escuelas peruanas. Ha sido destacado por diversos críticos que esto vulnera el derecho de millares de profesores que se han sometido a los exámenes de suficiencia que existen para determinar los nombramientos permanentes. Pero, además, y sobre todo, vulnera el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. Como se sabe, el derecho a la educación no consiste simplemente de la posibilidad de asistir a una escuela sino de acceder a una experiencia educativa que cumpla con algunas propiedades, entre ellas la de ser una educación de calidad. Desde el momento en que el Estado se niega a garantizar la calidad de los docentes en sí mismos ese derecho es vulnerado.
Este ataque al sistema educativo no es aislado. Viene de atrás. El actual Congreso prácticamente ha desactivado toda posibilidad de mejorar la educación superior al someter y desnaturalizar a la Sunedu. Una necesaria transformación de las universidades, que avanzaba penosamente, paso a paso, intentando superar el modelo de universidades de fachada promovido por el fujimorismo, quedó así frustrada. El anterior gobierno, presidido por Pedro Castillo, había tomado, por su parte, decisiones para desbaratar la educación intercultural bilingüe anteponiéndole una lógica clientelar, de favorecimiento a los allegados del grupo en el poder.
En este proceso de destrucción de toda posibilidad de mejora educativa no solamente se vulnera el derecho de niños, niñas y adolescentes en general. Además, se produce un efecto singularmente pernicioso e injusto como es la reproducción de la desigualdad, pues son precisamente las familias con menos recursos las más desfavorecidas, las que se ven condenadas a que sus hijos reciban una educación de mala calidad y sin criterios de pertinencia y respeto cultural. Así, se trata de decisiones en las que todos los sectores que hoy controlan la política nacional, independientemente de que se proclamen de derecha o de izquierda, confluyen para la perpetuación de un sistema de desigualdad que bien podría ser etiquetado como un apartheid educacional. La vulneración del derecho a la educación, la reproducción de la desigualdad y la preservación de una educación monocultural en el Perú condenan a la pobreza, la precariedad y la discriminación a millones de niños, niñas y adolescentes, y son una forma de decirles que la ciudanía plena, con goce efectivo de derechos, les será negada indefinidamente.
