Fuente: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Palabras como diálogo, acuerdo o negociación suenan huecas cuando se pronuncian después de decenas de vidas humanas perdidas, y más aún cuando el gobierno no expresa un reconocimiento sincero de sus responsabilidades ni una intención seria, sostenida, de modificar su estrategia de respuesta a las protestas, como lo ha demostrado la violenta intervención en la Ciudad Universitaria de San Marcos. Pero no se trata únicamente del gobierno. También entre la diversidad de sectores que protagonizan la protesta ha emergido una actitud que rehúsa toda forma de entendimiento. Es explicable: decenas de muertes sin una respuesta seria del Estado bloquean cualquier conversación.
Y, sin embargo, para ahorrar vidas humanas, para evitar mayor destrucción, para detener la deriva autoritaria del Estado y para encontrar alguna oportunidad de rescatar a la democracia, no hay otro camino que encontrar una instancia –lugar, plataforma, reglas, facilitadores, agenda—en la que se pueda realizar tal diálogo. Acaso, para insistir en ello, si es que la urgencia de ahorrar vidas no fuera convincente, habría que considerar la manera en que los actores autoritarios o corruptos o antidemocráticos en general hacen avanzar sus planes en medio del caos, el ruido, la violencia y la destrucción mutua.
Hace falta, por ejemplo, preguntarse descarnadamente qué democracia va a quedar, una vez que lo peor de la crisis haya remitido, después de las decisiones que está tomando el Congreso mientras el país está conmocionado. Se trata de decisiones profundamente perturbadoras, como la reforma del Jurado Nacional de Elecciones promovida por el fujimorismo, que en realidad es una auténtica captura de la máxima autoridad electoral. Es decir, un directo ataque a la base misma de la democracia como es la existencia de garantías de elecciones libres y limpias. No es extraño que, mientras avanza en esta demolición institucional del país, el Congreso se niegue a tomar las decisiones indispensables para hacer posible el fin de esta crisis.
Pero no es el Congreso el único que saca provecho de este ciclo de violencia. También crecen sectores políticos autoritarios y antidemocráticos de derecha y de izquierda, unos reclamando mayor violencia estatal, otros preconizando intransigencia y formas violentas de manifestarse.
Todos esos sectores, en el Estado y frente al Estado, son una clara minoría, pero son una minoría activa y decidida para la cual la negociación y la búsqueda de acuerdos es no solo innecesaria sino incluso indeseable. La inmensa mayoría, incluyendo a todos los que se manifiestan con pleno derecho para vocear sus demandas y sus agravios, solo puede ganar con una recuperación de la política como disenso, debate y negociación, una política que no tiene por qué ser vista como un fantasioso consenso, pero sí como un camino para la búsqueda de decisiones legítimas. Hoy es difícil pensar en eso, y es seguro que los sectores oportunistas o fanatizados, y aquellos que tienen más que perder (y es innegable que hay quienes tienen que perder: hoy ninguna salida puede prescindir de la justicia por las muertes producidas), desacreditarán por principio cualquier propuesta de diálogo. Y, sin embargo, esa es la búsqueda más urgente para el país hoy, porque esa búsqueda remite a algo tan básico, tan fundamental, como es la meta de salvar vidas y rescatar lo que queda de nuestra democracia.
