Se han intensificado las protestas en las calles contra la coalición que monopoliza el poder y la reacción del gobierno es la de siempre: una respuesta claramente represiva y contraria al legítimo derecho ciudadano a la protesta.
Como se sabe, el detonante del ciclo de manifestaciones iniciado la semana antepasada y continuado el último fin de semana fue la ley sobre pensiones impuesta en el Congreso fundamentalmente por Fuerza Popular y que obligará a la población, desde el año 2027, a inscribirse en un sistema previsional, sea el privado o el público, a partir de los 18 años. Fue por ello que la iniciativa de estas protestas partió de colectividades de jóvenes. Pero a ella se han unido amplios sectores de la población para expresar un repudio generalizado a una amplia diversidad de negligencias, abusos e irregularidades de quienes controlan el gobierno y el Congreso. Una lista mínima de esos asuntos incluye la escandalosa corrupción que involucra a personajes del gobierno o del parlamento y la protección que estos se ofrecen mutuamente ante la acción de la justicia; la persistente impunidad ante la matanza de medio centenar de personas durante las protestas de los años 2022 y 2023, y la agobiante situación de inseguridad ciudadana que se traduce en un reguero de asesinatos cotidianos por una diversidad de organizaciones criminales.
La respuesta que da el gobierno por medio de la policía es, como lo han documentado diversos medios y organizaciones de la sociedad civil, claramente represiva. En estas marchas se ha reiterado el uso excesivo de la fuerza, práctica que incluye ataques físicos de la policía a manifestantes, además de detenciones arbitrarias. Se ha denunciado también el empleo de tácticas de intimidación mediante la intervención de teléfonos de activistas y campañas de estigmatización. Pero además del abuso contra la población movilizada, se ha constatado acciones dirigidas a impedir el ejercicio de la información, es decir, restricciones e incluso ataques a periodistas. Esto forma parte de la clara orientación autoritaria de la coalición gobernante.
Señalar esto, evidentemente, no significa pasar por alto ni mucho menos convalidar el uso de la violencia en las manifestaciones. Frente a acciones que vulneran los derechos de terceros o los bienes públicos corresponde, en todo caso, una respuesta eficiente y proporcional de la fuerza pública. Se suele citar los desbordes de violencia como una explicación y hasta una justificación para la violencia estatal contra la población civil, cuando en realidad ese tipo de respuesta es únicamente una deserción de las obligaciones del Estado. Desde hace décadas existen en el ámbito internacional no solamente normas sobre el uso proporcional de la fuerza pública, sino también estrategias y tácticas para prevenir y contener desbordes de violencia. Una fuerza pública idónea no es aquella que reprime brutalmente a la población manifestante y de ese modo, en muchos casos, genera el desborde o lo agrava, sino aquella que, respetando los derechos humanos, mantiene una manifestación dentro de sus cauces. La alternativa “o violencia estatal o desmanes callejeros”, tan propia de la coalición en el poder, es no solamente una proclama autoritaria y antiderechos, lo cual ya es grave en sí mismo, sino también una vergonzosa confesión de incapacidad.
Ante la posibilidad de que la movilización ciudadana continúe, dado el agudo y profundo malestar ciudadano frente a una coalición cuyo signo mayor es el abuso de poder, corresponde que la sociedad organizada exija el respeto al derecho ciudadano a la protesta y esté alerta y que la comunidad internacional se mantenga vigilante.
