Se ha confirmado el quinto deceso como consecuencia del uso de suero fisiológico defectuoso suministrado por la empresa Medifarma. La víctima número cinco ha sido una mujer que se hallaba en estado de muerte cerebral desde hace días en la ciudad de Cuzco.
Esta situación merece la acción más rápida y severa de parte de los órganos que administran justicia, pero, al mismo tiempo, demanda una respuesta responsable, bien planificada, del gobierno para mitigar el daño y para no dejar desatendidos a los miles de personas que precisan de ese suero para enfrentar diversos procedimientos de atención de salud. Más aun cuando, como se sabe, en muchas regiones del país el suero empleado es principalmente, y a veces exclusivamente, el que proviene de esa empresa.
Sin embargo, en este caso, como en tantos otros, el gobierno viene actuando sin la diligencia requerida, ofreciendo respuestas reactivas en las que no se mide las consecuencias de lo dispuesto y no se pone en primer lugar el cuidado de la vida y la salud de la población. Así, se reporta que hay más de doce millones de frascos del suero de Medifarma que han quedado inmovilizados en todo el territorio nacional, tras haberse suspendido el registro sanitario al producto de esa marca.
Esa acción tiene la apariencia de ser una respuesta pronta y diligente, pero, al igual que lo hemos comentado en relación con el problema de la inseguridad ciudadana, se trata justamente de eso: una apariencia. Pues al adoptarla no se tiene en cuenta el fondo del asunto, que es el deber de garantizar el derecho a la salud de la población. El desabastecimiento que así se genera en la red sanitaria u hospitalaria de todas las regiones del país termina por convertirse en una situación de profundo riesgo.
Al día de hoy todavía no se sabe de un plan sistemático del gobierno para atender esta emergencia más allá de la intención de dar una norma que permita el uso del suero retenido y de la adquisición de suero de otros proveedores.
Como ya se ha dicho, este es un caso de extrema gravedad en el que la acción rápida de la justicia para la determinación de responsabilidades y la sanción correspondiente es indispensable. Pero además de las presuntas responsabilidades legales de los proveedores está la obligación del Estado de proteger la vida y la salud de la población, y ahí también hay responsabilidades de diverso orden que atender.
