El país entra a la quinta ola de la pandemia de COVID-19 sumido en una crisis paralizante. El Congreso discute una nueva moción de vacancia, la tercera en año y medio del periodo presidencial. También tiene en agenda la discusión de un proyecto de adelanto de elecciones presidenciales y legislativas. Las informaciones sobre la extendida corrupción en el gobierno, que podría involucrar al propio Presidente de la República, fluyen sin pausa. Algunas de ellas tienen sustento; otras son dichos por ser corroborados. El Ejecutivo, por su parte, emite un discurso conciliador, pero sigue adelante con nombramientos de personas cuestionables, o, cuando menos, no calificadas, en puestos clave de la administración. Las demandas y los derechos de la población parecen tener nula importancia para el gobierno y para el Congreso.
Muy poco efecto parece haber tenido el paso de una misión de la OEA por el país con el fin de examinar nuestra precaria situación institucional. La misión ha dejado, básicamente, recomendaciones de mesura, diálogo y respeto del Estado de Derecho. Nada que no fuera una necesidad evidente desde antes. La conducta de los políticos del gobierno y del Ejecutivo frente a la misión fue también predecible. No se trató de buscar salidas razonables y constitucionales al atolladero en que estamos, sino de acusar a la parte adversaria de todas las responsabilidades en esta crisis. No hubo un comportamiento de estadistas inquietos por el bienestar público sino de rivales trabados en una sórdida riña política.
En este contexto, evidentemente, las necesidades de la población siguen abandonadas. También la conciencia de sus derechos. Hace pocos días, el ex primer ministro –hoy alto consejero del gobierno—Aníbal Torres, dijo a representantes de organizaciones amazónicas que sería mejor que hablaran español (en ves de sus lenguas originarias). El comentario es cuestionable en sí mismo, pero lo es más si se considera la ocasión. Se trataba de organizaciones que acudían a protestar por medidas que afectaban a la educación intercultural bilingüe. Hablamos, por lo menos, de una profunda falta de conciencia de los derechos de los pueblos indígenas del Perú.
Este es solo un ejemplo de la crisis de gobernabilidad del Perú en estos días. No hay respuestas para las situaciones críticas generadas mundialmente –las repercusiones de la invasión de Ucrania por Rusia y la recurrente pandemia de COVID-19. Tampoco las hay para problemas internos que requieren políticas públicas específicas. En el mejor de los casos se puede decir que la macroeconomía peruana responde mejor que otras economías a los retos globales, y que incluso hay cierto crecimiento. Pero eso se vincula, en parte, con el mantenimiento del manejo previo de la macroeconomía y el sector financiero –que estaba lejos de ser ideal en cuanto a redistribución y equidad—y con el efecto de rebote tras el cierre obligado por la pandemia.
Es evidente que esta es una responsabilidad compartida por el gobierno y por el Congreso. Ambos están embarcados, cada uno según su agenda, en un proceso de demolición institucional. Ambos desertan de sus funciones específicas respecto de las necesidades de la población: desarrollar políticas y legislar.
Lo que ocurra en los próximos días y semanas –votación sobre vacancia presidencial, decisiones sobre adelanto electoral, asentamiento del gobierno y despeje de las amenazas de destitución—difícilmente será una respuesta a lo que realmente debería ser el centro de interés de una democracia, que es la toma de decisiones para el bienestar público.
