Hemos llegado a ese curioso momento en que la expulsión de José Jerí de la Presidencia de la República decidida por el Congreso mediante la censura en su calidad de presidente del Congreso es, al mismo tiempo, un hecho positivo y necesario y un hecho trivial.
Era positivo y necesario porque siempre es conveniente que la corrupción y, en general, los actos fraudulentos, tramposos y abusivos, para no hablar de actos plenamente ilícitos, de quienes actúan en política sean sancionados. Ese hecho, tan elemental en una democracia y en un Estado de Derecho, se ha convertido, más bien, en una rarísima excepción en el país. Sobre José Jerí ya pesaban múltiples acusaciones, incluyendo la grave acusación de violación sexual, desde antes de que el Congreso decidiera imponerlo como Presidente. Ya en su ejecutoria en Palacio, además de preferir el gesto vacío y pueril antes que atender los problemas graves del país, Jerí se convirtió en protagonista de una variedad de gestiones turbias que lo llevaron a la situación actual: su censura por el Congreso.
Pero incluso en este contexto, desde luego, el Congreso ha dado un espectáculo penoso. Por una parte, subsistía un núcleo duro (fujimorista, sobre todo) empeñado en mantenerlo en la Presidencia de la República pese a todo lo que obra en contra de Jerí. Para ello el fujimorismo, fiel a sí mismo, buscaba valerse de una maniobra tramposa: establecer que la figura aplicable era la vacancia de la Presidencia, en el entendido de que no se iba a poder alcanzar los votos para ello. Por otra parte, lamentablemente, tampoco se puede creer en la buena fe de quienes sí estuvieron a favor de la censura: son, para empezar, los mismos que estuvieron de acuerdo en colocarlo ahí cuando ya era sabido que las credenciales de Jerí eran más que dudosas, por decirlo con un eufemismo. La censura no es un acto motivado por principios, sino por conveniencias muy específicas, vinculadas, entre otras cosas, con los apetitos de los diversos grupos frente al actual ciclo electoral.
Y esto conduce al elemento de la trivialidad arriba señalado. En última instancia, es altamente improbable que, confirmada la defenestración de Jerí, este Congreso se avenga a reemplazarlo por alguien más adecuado en términos éticos o democráticos y mejor preparado para afrontar los problemas públicos. El día de hoy se presentarán listas de candidatos a componer la Mesa Directiva del Congreso, de la que saldrá mañana el nuevo presidente. Y lo más factible es que se imponga en la Presidencia a algún otro representante de la coalición que ha secuestrado políticamente al país y que desde el Congreso y el Ejecutivo ha venido desmantelando la arquitectura democrática y las reformas para enfrentar los acuciantes problemas que aquejan a la sociedad en conjunto y en particular a la población más necesitada.
Es poco lo que cabe esperar de este episodio, más allá de la conveniencia, siempre vigente, de fiscalizar y sancionar las faltas o delitos que se cometen desde la función pública. La merecida salida de Jerí y su reemplazo no añadirá nada en términos de fortalecimiento institucional, pero tampoco significará nada, como se deseaba hacer creer, en términos de inestabilidad. El salvataje de la institucionalidad democrática hoy en día está únicamente en manos de la sociedad. No depende de quien ocupe Palacio de Gobierno de aquí a julio, sino de la posibilidad de que en las próximas elecciones llegue al Legislativo cuando menos una minoría de congresistas con convicciones y principios democráticos.
