Por Rossana V. Angeles R. (*)
En las alturas del sur andino, donde la minería avanza sobre los territorios comunales y el Estado parece ausente, una figura se ha convertido en referente silencioso de lucha y resistencia: el abogado y comunero Alberto Tturuco Ccoyori. No solo comparte raíces con las comunidades que asesora, sino que ha hecho de su oficio un compromiso vital: defender a los que no tienen voz frente a intereses empresariales, políticos y legales.
Tturuco, de formación legal y con una profunda influencia de la teología andina, ha sido asesor de federaciones campesinas en Cusco, Puno, Apurímac y otras regiones, muchas veces ad honorem.
“Mi presencia es solicitada porque no solo doy una charla y me voy; me quedo a escuchar, conversar, evaluar, orientar, aún más, doy charla en quechua. No me desvinculo”.
Desde 2019 hasta 2023 trabajó, con el Instituto Sur Andino de Investigación en Acción Solidaria (ISAÍAS), acompañando conflictos sociales vinculados a la minería. Hoy asesora a federaciones departamentales y a rondas campesinas de diversas regiones, incluyendo Madre de Dios y Arequipa.
Originario de la comunidad de Hampatura distrito de Yanaoca, provincia de Canas, departamento de Cusco, Tturuco conoce en carne propia las tensiones internas que viven las comunidades, donde antiguos trabajadores de haciendas ahora disputan territorios que antes fueron colectivos.
Tturuco recuerda con admiración el papel de la Iglesia en décadas pasadas: una Iglesia comprometida con los pobres, articulada en la llamada Pastoral de Conjunto a través de Instituto de Pastoral Andina – IPA, que apoyaba procesos de recuperación de tierras.
“Conocí a obispos como Monseñor Albano Quinn y Mons. Francisco d’Alteroche, que acompañaban a las comunidades, incluso enfrentando a la policía. Esa Iglesia ya no existe”.
Como abogado, Tturuco acompaña a comuneros para que no terminen engañados o denunciados injustamente. Denuncia que muchos procesos judiciales están llenos de abusos porque los comuneros no comprenden el lenguaje legal.
“La justicia se imparte en castellano, pero muchas comunidades son quechuahablantes. No entienden lo que firman ni lo que se les acusa. Eso me impulsó a estudiar derecho”.
Plantea que el Estado debe capacitar a los presidentes comunales y a las rondas campesinas en temas jurídicos, para evitar que conflictos internos terminen en la justicia ordinaria, donde los procesos suelen ser largos, costosos y ajenos a la realidad comunal.
Para Tturuco, el abandono estatal es estructural. Señala que las instituciones no solo no comprenden la lógica comunal, sino que muchas veces usurpan funciones y dictan resoluciones injustas.
“Las comunidades están siendo tratadas como hijastras. No hay sensibilidad social ni voluntad política. La justicia les es ajena”.
Ley 32293: comunidades campesinas condenadas a desaparecer
La preocupación más reciente es la Ley 32293, que modifica la Ley 24657, permitiendo la parcelación y titularización individual de tierras comunales. Para Tturuco, esta norma contraviene el artículo 89 de la Constitución, que declara las tierras comunales como inalienables, imprescriptibles e inembargables.
“Personas que se fueron hace décadas regresan con títulos de propiedad obtenidos irregularmente. Ya no necesitan el permiso de la comunidad para apropiarse del territorio”.
Esta situación se repite en regiones como Puno, Cusco y Apurímac, donde más del 70% del territorio comunal está concesionado a empresas mineras. La ley también facilita la venta directa a empresas extractivas, sin consulta previa ni consentimiento informado.
Tturuco cree que la ley tiene un origen específico: el conflicto histórico en la comunidad campesina de Jicamarca (San Juan de Lurigancho, Lima). Allí, traficantes de tierras parcelaron territorio comunal. El crecimiento urbano exigió el saneamiento legal, y para ello —dice— se creó esta ley, pero se impuso a nivel nacional, afectando a comunidades rurales que nada tienen que ver con ese contexto urbano.
Minería, corrupción y criminalización
Uno de los casos más graves es el del Apu Pitusiray, donde la empresa SMRL Apu Pitusiray ha reinstalado operaciones. Comunidades como Chari y Palccoyo del distrito Checacupe, Ccapacchapi y Ucuviri del distrito de Pitumarca y Jucuiri del distrito de Combapata han sido afectadas, generando división interna y tensión social.
En la comunidad de Hatun Collana distrito Velille, Chumbivilcas, Tturuco denunció que traficantes de tierras ingresaron con violencia, portando títulos supuestamente legales. Esta práctica se repite en múltiples regiones, favorecida por normas recientes que desprotegen el territorio comunal.
En comunidades cercanas a operaciones mineras —como Mamanihuayta, cerca de la mina Antapaccay— se han registrado violaciones sexuales, despojos de tierras y amenazas, especialmente a mujeres con discapacidad o madres solteras.
“Los casos llegan a la policía o fiscalía, pero se pierden en los archivos y el proceso es muy lento. No hay acceso real a la justicia. Las víctimas no tienen recursos para costear un abogado”, lamenta. Estos casos se repiten en la mayoría de las comunidades campesinas del sur peruano.
Minería informal y el corredor minero
“En Apurímac y Cusco, empresas mineras informales y asociaciones de supuestos mineros artesanales ofrecen maquinaria a comuneros para explotar recursos de forma clandestina. Estos actores corrompen autoridades comunales, generan conflictos y contaminan aguas y pastizales.”
A ello se suma el corredor minero Las Bambas, —agrega el abogado— que atraviesa Apurímac, Cusco y Arequipa, provocando protestas constantes por parte de las comunidades, que muchas veces son criminalizadas. “Las empresas mineras ya están instaladas, ya no se pueden retirar, pero para evitar conflictos, los directivos comunales deberían saber negociar los intereses y derechos afectados, ninguna entidad del Estado los capacita, aún más, no saben qué se está negociando en sus asambleas porque los documentos están en castellano y con términos técnicos, mientras las empresas mineras cuentan con personal capacitado que negocia”.
“Dividen para ganar”: la estrategia extractivista
Tturuco denuncia que traficantes de tierras y empresas mineras manipulan dirigentes, ofreciendo obsequios, reuniones engañosas y documentos legales que luego se usan contra la comunidad.
“Antes nadie quería ser presidente comunal. Hoy, con respaldo de mineras, hay jóvenes que se empadronan meses antes, solo para postular. Eso está pasando en las comunidades campesinas donde hay minería en Puno y Apurímac”.
Por su labor, Tturuco ha sido perseguido y vigilado. Ha debido desplazarse en secreto por seguridad. Lamenta también la desaparición de instituciones pastorales sociales y ONGs comprometidas.
“Ya no hay vicarías de solidaridad. Las ONGs llegan, dan una charla y se van. No hay acompañamiento real. Eso genera desconfianza”.
Llamado a las autoridades
Tturuco exhorta al Estado peruano a cumplir su rol de garante de los derechos comunales. Pide que el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo intervengan en las zonas afectadas; que el Congreso derogue la Ley 32293 y otras normativas que desprotegen a las comunidades; que se capacite legalmente a las rondas y dirigentes comunales; que se reconozca y fortalezca la justicia comunal; que no se concesione el agua del territorio comunal, y que el Estado cumpla con ser garante de los derechos fundamentales.
Contexto legal: propiedad comunal y minería
La Constitución del Perú (art. 89) protege las tierras comunales como inalienables, imprescriptibles e inembargables. Sin embargo, leyes como la 32293 y otras normas de saneamiento han promovido la individualización del territorio comunal, contradiciendo el Convenio 169 de la OIT, que exige consulta previa e informada.
Diversos especialistas advierten que este marco normativo y la ausencia del Estado profundizan la criminalización, fragmentación y pérdida de autonomía de las comunidades.
(*) Comunicadora
