Escribe: Bruce Barnaby (*)
Hace algunos días, el recientemente nombrado canciller Mario López declaró públicamente que el Acuerdo de Escazú no debe ser ratificado hasta que exista un consenso entre los actores sociales, lo que ha denotado un cambio de posición del gobierno. Como se sabe, este tratado internacional fue adoptado en Costa Rica en el 2018 entre los países de América Latina y el Caribe, con el objetivo de garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Asimismo, es el primer tratado de derechos humanos que aborda la protección de los y las defensoras de derechos humanos. Cabe resaltar que el Perú fue uno de los estados que participó del proceso de negociación y que firmó el tratado en la ceremonia inicial.
Si bien es saludable promover el debate e involucrar a diversos actores en los procesos de toma de decisiones, el Congreso, encargado de la ratificación de dicho tratado, debe tomar en cuenta la relevancia de los temas contenidos en el tratado, y su premura considerando el contexto político y económico actual. Asimismo, debe considerar la pluralidad de voces que ya se han pronunciado al respecto.
El actual escalamiento del conflicto social en la provincia de Espinar entre las comunidades aledañas a las actividades extractivas, que ha significado nuevamente un enfrentamiento entre ciudadanos y ciudadanas y las fuerzas armadas, puede ser la primera muestra del posible incremento de la conflictividad social derivada de la crisis sanitaria y económica, así como de las políticas de reactivación económica que están discutiendo el gobierno y el sector empresarial. Todo esto, con un proceso electoral ya en el horizonte.
En ese sentido, ratificar el Acuerdo de Escazú va a ayudar a fortalecer los mecanismos de protección y supervisión de derechos ambientales y de defensores y defensoras de derechos humanos, así como a generar mayor confianza entre la ciudadanía, el Estado y los gremios empresariales. Eso, a su vez, otorgaría mayor previsibilidad al reconocimiento e interpretación de dichos derechos en el marco normativo nacional.
De otro lado, un diálogo abierto debe incluir a los diversos actores socialmente relevantes. En ese sentido, el pronunciamiento de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas -CONFIEP[1] mostrando preocupación frente a la ratificación del acuerdo, contrasta con otras diversas organizaciones de sociedad civil como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos[2] o la Sociedad Peruana de Derechos Ambiental[3], o con la exministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, quien en reiteradas oportunidades han resaltado la importancia de ratificarlo para fortalecer la gobernanza ambiental y la protección a los y las defensoras de derechos humanos.
De la misma forma, diversas entidades internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[4], el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas[5], la Relatoría Especial de NNUU sobre la situación de los Defensores y Defensoras de DDHH[6], o la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico – OECD, han resaltado la importancia de ratificar e implementar dicho Acuerdo.
El informe de la OCDE sobre la Conducta Empresarial Responsable en el Perú presentado hace unas semanas recomendó al Estado peruano que “los impactos sobre los derechos ambientales en Perú ponen de relieve la necesidad de garantizar protecciones regulatorias sólidas y la aplicación de la legislación para prevenir las violaciones por parte de las empresas del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, así como la necesidad de garantizar que los derechos de los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente estén protegidos. Esto incluye salvaguardar las vías de acceso a la información ambiental, los procesos de participación pública, y el acceso a la justicia ambiental a través del sistema judicial. El Gobierno debería priorizar la ratificación del Acuerdo de Escazú como primer paso para garantizar estas protecciones.”[7]
«Es importante abrir el debate para mejorar los derechos reconocidos en el Acuerdo de Escazú, pero sin poner en riesgo la oportuna ratificación de un tratado que fortalece los mecanismos de supervisión para el cumplimiento de derechos.»
Cabe resaltar que ni los funcionarios del Estado ni los representantes de los gremios empresariales han cuestionado el contenido de estos derechos, sino que, al contrario, han saludado la presencia de ellos en varias de las normas ya existentes a nivel nacional. En ese sentido, el debate no debe agotarse en la ratificación o no del tratado, sino que debe extenderse a cómo fortalecer dicho marco normativo para la efectiva implementación del acceso a la información, a los mecanismos de participación en los procesos de evaluación ambiental, y al fortalecimiento de la justicia en materia de delitos ambientales.
No es la primera vez que se generan preocupaciones en relación con el reconocimiento y fortalecimiento de derechos que incrementan el rol de la sociedad civil en las actividades empresariales, tal como lo fue en su momento la discusión sobre la implementación de la consulta previa, o de los mecanismos de participación en el marco de los Estudios de Impacto Ambiental. Sin embargo, más allá de que dichos procesos estén lejos de ser perfectos, es indudable que han ayudado a disminuir el escalamiento de los conflictos sociales medioambientales en los últimos años y, por consiguiente, a reducir el número de víctimas mortales.
En conclusión, es importante abrir el debate para mejorar los derechos reconocidos en el Acuerdo de Escazú, pero sin poner en riesgo la oportuna ratificación de un tratado que fortalece los mecanismos de supervisión para el cumplimiento de derechos, que genera un marco constitucional más estable en momentos de alta incertidumbre política, y que cuenta con un apoyo muy amplio de diversos actores nacionales e internacionales.
(*) Investigador y Coordinador del Área Académica de IDEHPUCP y miembro del Comité Directivo
