Fuente: Actualidad RT.
El día sábado 8 de abril ha sido asesinado en su casa, en Puerto Ocopa (Río Tambo, Satipo, región Junín), el dirigente ashaninka Santiago Contoricón. Su nombre se suma trágicamente a una lista ya larga de líderes y defensores de los derechos de pueblos indígenas victimados en años recientes en la mayoría de casos por agentes de industrias ilegales. Un precedente cercano en el tiempo es el asesinato de Lucio Pascual Yumanga, también líder indígena, en la región selvática de Pasco en diciembre de 2021.
El contexto y los indicios señalan que los victimarios de Santiago Contoricón han sido sicarios de las bandas de narcotráfico que operan en la zona. Desde hace años Contoricón lideraba una lucha contra la penetración del narcotráfico. Pero su lucha en defensa de los derechos de la comunidad ashaninka datan de mucho antes. Hoy se recuerda su valerosa participación en la resistencia contra Sendero Luminoso durante la década de 1990. Hay que tener presente que el pueblo ashaninka fue uno de los más golpeados por aquella organización terrorista durante los años en que la sometió a cautiverio.
El asesinato de Santiago Contoricón significa una dura pérdida para la defensa de los derechos de pueblos indígenas. Al momento de expresar un sentido reconocimiento a su trayectoria, es imperativo subrayar al menos dos serias obligaciones y responsabilidades del Estado. La primera e inmediata es desplegar todos sus recursos y su diligencia para dar con los responsables y hacer justicia. Es una obligación, sobre todo, con la familia del dirigente asesinado y con el pueblo ashaninka. La segunda, de alcance mayor en el tiempo, es atender efectivamente a este problema que viene siendo señalado desde hace tiempo: la violencia y las amenazas que pesan sobre los defensores de derechos de pueblos indígenas. El Estado tiene la obligación de poner en práctica una política de protección de estos defensores mediante la prevención, la creación de condiciones de seguridad y la lucha contra la impunidad de los delitos que se vienen cometiendo.
Pero estas obligaciones del Estado y sus negligencias están rodeadas, por lo demás, por un contexto que no cabe ignorar: el clima de estigmatización a los pueblos indígenas y sus causas y reclamos, que se ha venido acentuando en los últimos años, en un ambiente político cada vez más regresivo y lejano de principios básicos del ordenamiento democrático. La estigmatización, la marginación, el racismo y todas las formas de exclusión que no hemos conseguido desterrar son, efectivamente, factores que ponen en riesgo el bienestar y la vida de una enorme cantidad de peruanas y peruanos.
