El ingreso a los penales ya no estará más en manos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció que el Gobierno dispondrá que el sector privado se encargue de administrar y resguardar dichos accesos. Esto sucede a solo días de la fuga de un reo del penal de Lurigancho, en Lima.
Erika Solis, abogada e investigadora del IDEHPUCP, fue consultada para esta nota de El Comercio. Pueden leerla completa aquí.
