A lo largo de este año una variopinta coalición de grupos del Congreso ha realizado sucesivos intentos de someter a sus designios a la Junta Nacional de Justicia. Todos esos intentos han estado teñidos de una u otra irregularidad y de un grotesco desdén por las formas democráticas. Todos han fracasado. Como respuesta al fracaso ahora el Congreso se propone simplemente desaparecer a la JNJ. Imposible dar un mensaje más descarnadamente autoritario: o someter o destruir.
Siendo ese el carácter de la arremetida antidemocrática del Congreso —una ofensiva contra la democracia que no reconoce límites morales, políticos ni legales—, no sorprenden las demás medidas autoritarias ya anunciadas en el Legislativo.
La más grave de todas es, evidentemente, la ley para la prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno de 1980 a 2000. Es una propuesta que, como señalamos en un reciente pronunciamiento, no tiene asidero jurídico y que traiciona el sentido de los instrumentos internacionales correspondientes suscritos por el Estado peruano. A ello hay que sumar otro proyecto dirigido a controlar con un sentido represivo el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, intención que ha motivado la crítica de representantes de la comunidad internacional presentes en el Perú. Como ya se ha comentado antes, varias de estas medidas tienen como horizonte la desembozada intención de capturar el sistema electoral, esto es, eliminar hasta ese aspecto básico de una democracia como es el derecho de elegir libremente a las autoridades.
Estas iniciativas, que siguen su curso en el Congreso avanzando desde las comisiones hacia su posible aprobación en la sesión del Pleno, han estado precedidas por varias otras –en algunos casos leyes, en otros casos nombramientos para importantes cargos sin respetar los procedimientos establecidos—con el mismo sentido: destruir el Estado de derecho y demoler el régimen democrático que el país recuperó a inicios de este siglo, después de casi una década de autoritarismo. En esta tarea de subversión de la democracia y sus instituciones actúan cooperativamente el Congreso y el gobierno.
Todavía quedan unos minúsculos reductos de defensa del orden constitucional. Todavía surgen desde el sistema de administración de justicia algunos fallos que ponen freno, por lo menos transitoriamente, a esta arremetida. Pero también el sistema judicial está bajo ataque, como lo hace evidente la insistencia del Congreso en someter y, ahora, desaparecer a la Junta Nacional de Justicia. Urge una iniciativa organizada de la sociedad civil, así como la solidaridad de la comunidad internacional, para impedir que el autoritarismo se apodere definitivamente del país.
