Fuente: Presidencia Perú.
Por Alexander Benites (*)
El pasado viernes, 28 de julio, Dina Boluarte presentó su mensaje a la nación. En poco más de tres horas y setenta y dos páginas de lectura, la presidenta expuso las principales medidas que se propone llevar a cabo su gobierno, enmarcadas en lo que denomina el “espíritu del bicentenario”. Este último, señala Boluarte, simboliza la búsqueda de unidad nacional en un país fragmentado. En ese mismo instante, a solo unas cuadras del Congreso de la República, la policía disparaba pedigones y bombas lacrimógenas contra manifestantes, y realizaba detenciones arbitrarias a periodistas que trataban de cubrir la protesta. Así, es finalmente la distancia entre las palabras y los hechos la que ilustra mejor a este denominado “espíritu del bicentenario”.
El mensaje a la nación inicia recordando el contexto que motivó la instalación de la administración actual. Dice la presidenta que recibió un gobierno en ruinas, con una grave crisis económica, política y moral. Un país casi paralizado por un régimen contrario a la inversión privada, e inundado de casos de corrupción que involucran, incluso, al mismo expresidente Castillo. Lo que Boluarte omite es que su propia presidencia descansa en su participación como candidata a la vicepresidencia de la lista que llevó a Castillo al poder, que tuvo una activa participación como titular de la cartera de Desarrollo e Inclusión Social durante la totalidad del gobierno que la precede, y que llegó a afirmar que renunciaría a su vicepresidencia si Castillo era vacado por el Congreso.
La presidenta pidió, además, perdón a las y los familiares de las personas fallecidas durante las manifestaciones a nombre del Estado. Señaló que estos lamentables eventos fueron producto de los enfrentamientos entre civiles y las fuerzas del orden, y que nunca debieron ocurrir. Pero es muy difícil creer en la honestidad del discurso cuando se carece de autocrítica. Diferentes reportes e investigaciones muestran el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza en la respuesta pública durante las manifestaciones en varias partes del país. Más aún, hay registro del uso de armas de guerra por parte de las fuerzas del orden contra ciudadanos y ciudadanas que ni si quiera participaban de las manifestaciones. Todo ello configura violaciones a los derechos humanos que deben ser investigadas.
Boluarte afirmó, a su vez, ser una mujer de paz, dialogante y concertadora, que cree en la democracia como el mejor sistema de gobierno de una sociedad. Seguido de ello, llamó a la construcción de un pacto de reconciliación por la vida, la paz y la igualdad. No obstante, en días previos a otra de las ya tantas marchas convocadas a nivel nacional señaló que no entendía por qué se “atizan banderas de guerra, y anuncian con llegar a Lima voces desde el VRAEM para tomar desde el centro a todo el país”. En reiteradas oportunidades, ya sea por desconocimiento o por desinterés, tanto la presidenta como miembros del Ejecutivo que lidera, han ignorado demandas políticas muy claras y visibles en las manifestaciones y en las encuestas de opinión pública. Por el contrario, en vez de reconocer la agencia de los sectores movilizados como sujetos políticos, se ha buscado justificar la represión invocando a enemigos internos, azuzadores e, incluso, organizaciones terroristas como los responsables de las movilizaciones [1].
A la base de este mensaje a la nación tan largo y extenuante, se encuentra la intención de querer reforzar una sensación de estabilidad política que ayude al Ejecutivo y al Legislativo a llegar al año 2026. Este gobierno, sin embargo, apela a mantenerse en el poder más por una estrategia de desgaste que por legitimidad ciudadana: el 82% de peruanos y peruanas desaprueba la gestión de Dina Boluarte, el 90% desaprueba la gestión del Congreso, y 8 de cada 10 coincide en que lo mejor para el país es el adelanto de elecciones [2]. Es una administración profundamente desgastada, pero con actores que han tenido un nocivo aprendizaje: que es posible mantenerse en el cargo si se aguanta lo suficiente.
En resumidas cuentas, el espíritu del bicentenario es esa distancia que separa al discurso de la realidad política. El mensaje presidencial de Dina Boluarte es un ejemplo claro del profundo grado de desconexión que existe entre ciudadanía y autoridades, espacio en el que se intentan construir narrativas absolutamente disociadas de la cotidianeidad.
(*) Politólogo. Coordinador del Área de Relaciones Institucionales y Proyectos del IDEHPUCP.
[1] Ver: https://revistaargumentos.iep.org.pe/index.php/arg/article/view/158/94
[2] Ver: https://iep.org.pe/noticias/iep-informe-de-opinion-julio-2023/
