Escriben: Martina Cociña-Cholaky(*) y Marcos Andrade-Moreno (**)
En el norte de Chile se está viviendo una grave crisis humanitaria a la que el gobierno ha respondido militarizando la frontera y expulsando migrantes. Desde septiembre del 2020 estuvieron aumentando las llegadas de extranjeros, las que se agudizaron el último fin de semana de enero, cuando ingresaron 1.800 personas por Colchane, una localidad de 300 residentes que no cuenta con servicios básicos. El incremento de venezolanos ingresando a Chile responde a una crisis humanitaria de proporciones, que según ACNUR ha afectado a casi cinco millones y medio de personas, quienes se han visto obligadas a desplazarse a otras naciones. Chile se ha erigido en uno de los tantos destinos dentro de la región, luego de Colombia y Perú, que triplican y duplican las llegadas.
La respuesta a esta crisis humanitaria por parte del gobierno chileno no solo ha sido deficiente, sino que además ha contribuido a agravarla. En febrero de 2019 el presidente Piñera aseguró a los venezolanos que encontrarían refugio en Chile. No obstante, lo proclamado dista diametralmente de la realidad; en vez de facilitar su ingreso, la política implementada ha dificultado el mismo. En 2018 el gobierno estableció la “visa de responsabilidad democrática” y en 2019 una visa consular de turismo, las que han operado como barreras a la entrada regular, pues apenas un cuarto de las visas solicitadas han sido concedidas. Eso ha generado un aumento de los ingresos clandestinos, los que en 2019 superaron los 8 mil, de los que más de la mitad corresponden a venezolanos. De este modo el Estado se ha erigido en productor de irregularidad. Además, por la pandemia se cerraron las fronteras para el tránsito de personas, manteniéndose abiertas para las mercancías, y luego de unos meses se pausó la visa de responsabilidad democrática.
«Utilizando una astuta y eficiente táctica, la Administración plantea que mientras los extranjeros en situación regular serían bienvenidos, quienes ingresan irregularmente serían excluidos, como si ante tales medidas los migrantes tuvieran posibilidad de entrar por pasos habilitados»
El gobierno de Chile se ha valido de estos instrumentos para reducir la discusión migratoria a la simple dicotomía “regular/irregular”. Utilizando una astuta y eficiente táctica, la Administración plantea que mientras los extranjeros en situación regular serían bienvenidos, quienes ingresan irregularmente serían excluidos, como si ante tales medidas los migrantes tuvieran posibilidad de entrar por pasos habilitados, siendo que precisamente su ingreso clandestino responde a que no se han facilitado los mecanismos institucionales para entrar regularmente.
En suma, surgen tres grandes críticas al manejo que el gobierno ha tenido de la crisis humanitaria. En primer lugar, que la toma de decisiones y la implementación de medidas ha ignorado la evidencia académica y las recomendaciones de organismos especializados. El gobierno ha abordado la migración asumiendo que, al imponer más trabas, los flujos de personas disminuirán o se frenarán. Por el contrario, los estudios muestran que, estableciendo mayores barreras, los desplazamientos no se detienen sino más bien se agudizan.
Lo anterior nos conduce a la segunda crítica: el tratamiento jurídico de la movilidad humana desde el estado de excepción. El gobierno ha insistido en adoptar medidas excepcionales al gestionar la migración, esta vez ampliando las facultades de las Fuerzas Armadas, doblando la presencia militar en la zona y expulsando a migrantes. El 10 de febrero pasado, según el ministro del Interior, se realizó la expulsión administrativa más masiva de migrantes, la que no se atuvo a normas del debido proceso ni a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
Lo anterior nos lleva a la tercera crítica, que es la falta de una respuesta multilateral coordinada. Resulta incomprensible que uno de los países más ricos de América Latina, que posee un cuerpo diplomático con tradición de excelencia, no haya promovido y liderado esfuerzos conjuntos entre las naciones vecinas para enfrentar la crisis que la evidencia científica anticipaba.
En este sentido, la iniciativa del gobierno de licitar 15 aviones para la expulsión de migrantes conducirá al incumplimiento de las obligaciones asumidas, en tanto anticipa una respuesta jurídica equivocada, ya que los estándares de derechos humanos exigen a los estados indagar las solicitudes de refugio. Por ende, el gobierno debería promover la protección de quienes solicitan refugio, ya que, al respecto, las cifras son elocuentes: al 31 de diciembre del 2019 sólo 14 venezolanos han sido reconocidos como refugiados, mientras que ese mismo año ingresaron a Chile 16.933 personas declarando solicitud de refugio, de las que el 99% eran venezolanos.
Como se aprecia, en vez de promover una acción concertada para abordar esta crisis se continúa securitizando la migración y criminalizando a quienes buscan una vida más digna. Por tanto, urge que el gobierno de Chile recapacite e implemente una política migratoria acorde a un enfoque de derechos humanos.
