El jueves 13 de noviembre se realizó el Seminario Internacional “Derecho a la memoria, deber de recordar y justicia transicional. Experiencias comparadas”, organizado por la Fundación Gregorio Peces-Barba en colaboración con el Instituto de Derechos Humanos “Gregorio Peces-Barba” de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). La actividad se desarrolló en el marco del programa “Divulgación y Promoción de la Memoria Democrática en los ámbitos académicos y educativos”, financiado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de España.
El panel estuvo moderado por Javier Dorado Porras y contó con la participación de Javier González Arellano, investigador del Instituto de Derechos Humanos “Gregorio Peces-Barba”; Felipe Gómez Isa, profesor de la Universidad de Deusto; y Félix Reátegui, investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP).
Durante dos horas, los especialistas presentaron y compararon procesos de justicia transicional en distintos países, haciendo énfasis en la importancia del derecho a la memoria, el reconocimiento de las víctimas y la consolidación de instituciones democráticas capaces de enfrentar las secuelas de la violencia política.
El caso peruano: avances, retrocesos y un contexto adverso
En su intervención, Félix Reátegui revisó el proceso peruano de búsqueda de verdad y justicia impulsado tras la transición democrática de los años 2000-2002. Recordó que el país vivió dos décadas de violencia marcada por los crímenes y violaciones de derechos humanos perpetrados por los grupos armados Sendero Luminoso y MRTA, así como por agentes del Estado.
Reátegui destacó que el eje de ese proceso fue la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que tras dos años de investigación determinó que el conflicto dejó casi 70 mil víctimas fatales. Asimismo, estableció que tanto actores estatales como no estatales cometieron graves violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad.
La CVR formuló diversas recomendaciones orientadas a garantizar justicia y reparación: la creación de un sistema judicial especializado, un Plan Integral de Reparaciones y reformas institucionales para enfrentar las causas de la violencia. Si bien hubo avances parciales, como el juicio que culminó en la sentencia contra Alberto Fujimori, la implementación de reparaciones monetarias y la creación de un sistema de búsqueda de personas desaparecidas, estos progresos fueron limitados y se desarrollaron de manera lenta.
Félix Reátegui subrayó que el informe final de la CVR impulsó además la aparición de numerosas organizaciones de víctimas y la multiplicación de espacios de memoria en todo el país. No obstante, la respuesta estatal, aunque respetuosa de las obligaciones internacionales, se mantuvo “modesta”.
Retrocesos desde 2016 y un escenario político hostil
Sin embargo, el investigador advirtió que, desde 2016, el Perú atraviesa un deterioro profundo de su democracia, lo que ha permitido que fuerzas políticas contrarias a la agenda de justicia y memoria —algunas vinculadas a la corrupción y al crimen organizado— tomen el control de las instituciones.
En ese contexto, señaló que el Ejecutivo y el Congreso han impulsado leyes contrarias al Estado de derecho, promoviendo la captura de órganos clave como el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. A ello se suman normas dirigidas a garantizar impunidad, como la prescripción y la amnistía para casos que involucran a agentes del Estado.
Este clima político ha generado un entorno “claramente hostil” hacia las víctimas y hacia la memoria reivindicativa. Según Reátegui, incluso el apoyo internacional se ha debilitado, lo que agrava las condiciones para la defensa de los derechos humanos. A pesar de ello, las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil continúan articulando esfuerzos para sostener una agenda mínima de justicia, reparaciones y memoria.
El seminario concluyó enfatizando la necesidad de fortalecer los compromisos democráticos y comparando aprendizajes entre países para enfrentar los desafíos de la justicia transicional en la región.
