Foto: parte de la muestra Yuyanapaq.
Veinte años después de presentado el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación el Perú sigue siendo un país violento. Desde luego, no hay un conflicto armado como el que investigó la CVR –más allá de en zonas particulares como el VRAEM–, pero la convulsión política de inicios de este año y las decenas de muertes causadas por el Estado nos han hecho notar que el aprendizaje de la paz ha sido débil. Por lo demás, ante la creciente ola de delincuencia en las diversas ciudades del país, no son pocas las voces que llaman a políticas de “mano dura” y que presentan como un obstáculo a los principios y normas de los derechos humanos. Existen, pues, razones de sobra para regresar a las lecciones del pasado de violencia que expuso la CVR en aquel informe.
La desatención a tales aprendizajes es uno de los factores que han permitido que el país caiga en la crisis actual. Se puede decir que la transición democrática del año 2001 ha fracasado o que, por lo menos, ha entrado en un callejón sin salida. Y aunque las explicaciones para esta crisis son de diverso orden, no se debe excluir de ellas la ausencia de reformas en el sentido general que sugirió la Comisión: reformas que fortalecieran la autoridad democrática del Estado. Eso equivale a extender las funciones del Estado como garante de los derechos de la población.
En retrospectiva se ve con claridad que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad no tuvieron una real oportunidad de ser cumplidas porque desde muy temprano en este siglo la política peruana perdió su capacidad de generar decisiones de interés público debido a la desaparición de los partidos políticos. Al mismo tiempo que se exponía al país las grandes tareas de reforma que se derivaban del pasado violento, la política peruana quedaba en manos de organizaciones simplemente oportunistas cuyo horizonte de interés público no va más allá de ganar elecciones para controlar los recursos públicos, sea a escala nacional, regional o local.
La reconstrucción de la democracia peruana es una tarea pendiente. Los caminos para realizarla no son nada claros, pues quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones públicas para ello aparecen, más bien, como los interesados en mantener la actual situación. Sin embargo, es esencial mantener vigente y difundir una conciencia clara de los grandes cambios que el país necesita. Lo que hace veinte años expuso la CVR en su informe final habla de esos cambios. Por ello ese informe es un documento vigente y que todavía está esperando a ser conocido por quienes transitoriamente hacen política en el país y por la población en general.
