Por Estephany León (*)
El viernes 1 de marzo se realizó la audiencia pública “Perú: Derechos humanos de víctimas de esterilizaciones forzadas”. Esta sesión fue la vigésimo cuarta audiencia del 189 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH) y reunió a organizaciones de sociedad civil [1], representantes del Estado [2] y representantes de la CIDH. En esta nota se explicará brevemente el contexto del caso peruano de esterilizaciones forzadas, así como las acciones emprendidas por el Estado como respuesta a esto. A la luz de este panorama, se presentarán los puntos clave y principales conclusiones de la reciente audiencia pública y, finalmente, se explicará la relevancia de otorgar reparaciones integrales a las víctimas.
¿Cómo se dio el caso peruano de esterilizaciones forzadas y cuáles fueron las acciones emprendidas por el Estado peruano?
Durante el gobierno autocrático de Alberto Fujimori en Perú, se implementó el “Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) 1996-2000” (en adelante, PNSRPF), el cual supuestamente buscaba promover el empoderamiento femenino y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas. No obstante, bajo la apariencia de ofrecer opciones de planificación familiar voluntaria, el régimen fujimorista llevó a cabo esterilizaciones quirúrgicas no consentidas en miles de personas. De tal forma, esta política pública resultó en una violación masiva y sistemática de los derechos de miles de peruanas y peruanos.
La implementación del programa estuvo marcada por irregularidades desde sus inicios, evidenciando un enfoque que priorizaba el control poblacional en lugar de una preocupación genuina por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y hombres intervenidos quirúrgicamente. Aunque se desconoce el número exacto de víctimas, se estima que al menos 7,145 personas fueron sometidas a esterilizaciones sin su consentimiento pleno, libre, previo e informado [3]. Cabe resaltar que las principales víctimas de estas esterilizaciones forzadas fueron mujeres de zonas rurales, pobres e indígenas.
A raíz de las graves violaciones de derechos humanos suscitadas a partir de esta situación, se desencadenaron denuncias por parte de organizaciones de la sociedad civil y, de manera subsecuente, la Defensoría del Pueblo y el Congreso realizaron investigaciones sobre el tema y publicaron informes. No obstante, a pesar de la información recabada, estas investigaciones no tuvieron como correlato la sanción de los responsables de lo ocurrido y muchas de las recomendaciones planteadas no fueron implementadas.
Asimismo, a lo largo de los años, se han impulsado diversos procesos judiciales, tanto individuales como colectivos, en relación al caso de las esterilizaciones forzadas. Cabe resaltar que recientemente existen resoluciones en sede constitucional que ordenan al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (en adelante, MINJUSDH) implementar una política de reparaciones para las víctimas de esterilizaciones forzadas [4]. Por otro lado, en relación con los casos penales contra los altos funcionarios del gobierno fujimorista implicados, se destaca que el único caso que había avanzado hasta la sede judicial sufrió un retroceso significativo de manera reciente. En efecto, en diciembre de 2023 el proceso penal fue retrotraído hasta la etapa de formulación de la denuncia fiscal, tras una demanda de amparo presentada por el investigado Alejandro Aguinaga, exministro de salud y actual congresista.
De otro lado, desde el Poder Ejecutivo se emprendieron acciones como la incorporación de una fracción de las víctimas al Seguro Integral de Salud (en adelante, SIS) y la creación del Registro de Víctimas de Esterilización Forzada (en adelante, REVIESFO). No obstante, como lo denunciaron las propias víctimas y representantes de la sociedad civil en la audiencia del pasado 1 de marzo, ninguna de las políticas públicas planteadas hasta el momento ha reparado a las víctimas por los daños sufridos. Por último, es necesario mencionar que el Estado peruano tiene una serie de compromisos internacionales debido al acuerdo de solución amistosa suscrito a propósito del caso de María Mamérita Mestanza Chávez en 2003 [5]. Sin embargo, hasta el momento, este y otros compromisos del Estado siguen sin materializarse.
De tal forma, tras casi tres décadas desde la implementación del PNSRPF, el Estado peruano aún no ha dado pasos significativos hacia la sanción de los responsables y la reparación integral de las víctimas.
¿Cuáles fueron los puntos centrales y las principales conclusiones de la audiencia pública del pasado 1 de marzo?
En primer lugar, las víctimas y representantes de la sociedad civil fueron claras al enfatizar que el Estado peruano no ha realizado acciones suficientes para reparar las violaciones de derechos humanos suscitadas. Por este motivo, solicitaron que la CIDH pueda dar seguimiento para que se cumpla y materialice el derecho a la reparación reconocido en sede nacional a partir de las resoluciones que ordenan al MINJUSDH implementar una política de reparaciones para las víctimas de esterilizaciones forzadas que involucre la participación de las víctimas y sus representantes. Asimismo, propusieron que el Estado peruano invite a la CIDH a acompañar el proceso de aprobación e implementación de esta política.
Por su parte, la representación del Estado señaló que se encuentra avanzando en la implementación de una política de reparaciones para las víctimas inscritas en el REVIESFO, donde se garantizará la participación efectiva de las víctimas y se actuará en coordinación con las asociaciones que las representan. Asimismo, resaltó que los Centros de Emergencia Mujer cuentan actualmente con un servicio de atención especializada a las usuarias del REVIESFO [6]. Además, mencionó que el MINJUSDH otorga asesoría y patrocinio legal gratuito a las personas inscritas en este registro.
El representante del Ministerio de Salud aseguró que se habían emprendido las medidas necesarias para modificar las disposiciones sobre salud reproductiva y planificación familiar eliminando cualquier enfoque discriminatorio y respetando la autonomía de las mujeres. Indicó que desde este sector se han realizado 142,627 atenciones a un total de 7,159 personas afectadas en los últimos cinco años y que se entiende que las personas afectadas tienen en todo momento acceso al SIS.
De manera similar, la representante del Ministerio Público explicó que los casos están siendo investigados en la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad. Asimismo, comentó que esta institución ha propuesto al presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada la creación de un juzgado ad hoc que conozca estos casos debido a su alto nivel de complejidad. De manera adicional, mencionó que se ha propuesto que la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad se dedique exclusivamente a investigar estos casos.
Por otro lado, desde la CIDH, el Comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana, Relator para el Perú, destacó la preocupación constante de la institución en relación a este tema, subrayando el acuerdo de solución amistosa de 2003 en el que el Estado peruano reconoció su responsabilidad internacional y se comprometió a adoptar medidas de reparación y realizar investigaciones judiciales. Sin embargo, señaló la falta de resultados concretos en la identificación de responsabilidades y sanciones por este caso. Asimismo, expresó su preocupación por la falta de acciones concretas de reparación integral para las víctimas y cuestionó la diligencia estatal en la investigación de estos casos. El Comisionado cuestionó al Estado sobre la existencia de políticas públicas específicas o mecanismos de reparación integral para las víctimas de esterilizaciones forzadas, así como sobre la disponibilidad de canales de diálogo entre el Estado y las víctimas.
La Comisionada Andrea Pochak, Relatora sobre Memoria, Verdad y Justicia, resaltó la importancia de una política integral de reparación que incluya la participación de las víctimas en su diseño y ejecución, así como todas las modalidades de reparación establecidas en el Sistema Interamericano. Asimismo, instó a las autoridades judiciales a actuar con celeridad y debida diligencia en este caso al tratarse de un caso de violencia de género. Finalmente, ofreció asistencia técnica desde la Relatoría en caso sea solicitada.
Por su parte, la presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, agradeció a las víctimas por sus testimonios y exhortó al Estado a tomar medidas concretas ante las denuncias presentadas. Además, cuestionó al Estado sobre la falta de una cifra oficial del total de víctimas de esterilizaciones forzadas y los familiares afectados, así como si se han emprendido acciones y medidas proactivas para garantizar la inscripción de las víctimas al REVIESFO. Asimismo, resaltó la necesidad de que las víctimas obtengan una reparación integral que incluya prestaciones de salud, indemnizaciones y servicios de asistencia social, así como medidas no pecuniarias como disculpas públicas.
Frente a lo expresado por la representación del Estado y los comisionados/as de la CIDH, las solicitantes resaltaron la falta de una mesa de participación que incluya a las víctimas. Además, denunciaron la creación de un Grupo de Trabajo Multisectorial que no las incluyó y establecía barreras para que puedan acceder a las reparaciones que les corresponden. También señalaron que hasta la fecha no existen resultados en la búsqueda de justicia y que ninguna de las medidas presentadas por el Estado es una política de reparación.
Por otro lado, el Estado reconoció su compromiso en abordar la problemática y mencionó la reciente elaboración de un mecanismo no oficial para atender lo dispuesto judicialmente [8]. Además, destacó la importancia de la participación de la sociedad civil y la asistencia técnica de organismos internacionales, y reafirmó su compromiso con la investigación y sanción de los responsables, asegurando reparaciones integrales y un enfoque diferenciado en las investigaciones de cara al futuro. Por último, en caso sea requerido, el Estado se comprometió a presentar un informe más completo sobre sus acciones en respuesta a estas preocupaciones.
A modo de cierre
La relevancia de la audiencia celebrada el pasado 1 de marzo radica en que permitió que las víctimas sean escuchadas en una instancia internacional, exponiendo sus percepciones sobre las acciones emprendidas por el Estado peruano en respuesta a las esterilizaciones no consentidas que les practicaron. En particular, las víctimas y representantes de la sociedad civil enfatizaron en la falta de acciones efectivas por parte del Estado para garantizar su derecho a la reparación y acceso a la justicia. Asimismo, es rescatable el acuerdo al que se llegó sobre la asistencia técnica que brindará la CIDH para que el Estado desarrolle una política de reparación integral.
Cabe recordar que, en el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la reparación implica proporcionar medidas adecuadas y efectivas para compensar a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo acciones de restitución, compensación material y simbólica, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. En este sentido, conlleva la implementación de una serie de medidas destinadas a compensar los daños sufridos, tanto materiales como inmateriales, así como a restablecer la dignidad y los derechos de las personas afectadas y sus familiares. Estas medidas deben ser adecuadas, efectivas y rápidas, y deben ajustarse a la gravedad de las violaciones y al daño ocasionado.
Como se desprende de lo expresado en la audiencia, en el caso peruano de esterilizaciones forzadas no existen acciones concretas de reparación para las víctimas por parte del Estado. Si bien se han realizado acciones a lo largo de este tiempo, a casi treinta años de la implementación del PNSRPF ninguna de estas medidas ha logrado dar respuesta a los pedidos de justicia de las víctimas o repararlas por las graves violaciones de derechos humanos sufridas. En este contexto, la atención y seguimiento continuo de organismos internacionales de protección de derechos humanos como la CIDH y la Corte Interamericana es crucial para exhortar al Estado peruano a cumplir con sus obligaciones internacionales y nacionales. De esta manera, se debe garantizar la investigación efectiva de los hechos, la interposición de las sanciones correspondientes, la implementación de medidas integrales de reparación que incluyan la participación efectiva de las víctimas y sus representantes, y el desarrollo de garantías de no repetición para prevenir futuras violaciones y promover una cultura de respeto a los derechos humanos.
(*) Consultora del IDEHPUCP
[1] Diversas organizaciones de la sociedad civil estuvieron presentes: la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas – AMAEF, que solicitó la audiencia; la Asociación de Mujeres Víctimas de Violencias Múltiples de Esterilizaciones Forzadas de Canchis; la Asociación de Mujeres Sobrevivientes de Esterilizaciones Forzadas – AMSEF; la Asociación de Mujeres Esterilizadas de la provincia de Angaraes, Huancavelica; la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Cangallo región Ayacucho; la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – Onamiap; la organización Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF); la organización Demus – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer; la organización SISAY de Huancavelica; Amnistía Internacional; y, el Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas (GREF).
[2] Por otro lado, también asistieron varias autoridades del Estado peruano como Ana Gabriela Vásquez, representante de alterna de Perú ante la OEA, y Luigino Pilotto Carreño, Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Asimismo, asistió una delegación conformada por diversos funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Ministerio Público, Procuraduría Pública Especializada Supranacional, Ministerios de Relaciones Exteriores y la Representación Permanente de Perú ante la OEA.
[3] Informe Usuario N° 3950-2023-JUS-DGDPAJ/DALDV e Informe Usuario Nº 4227-2023-JUS-DGDPAJ/DALDV emitidos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a raíz de los pedidos de acceso a la información pública solicitados por la autora.
[4] Recomiendo revisar una anterior publicación en este boletín sobre el tema: https://idehpucp.pucp.edu.pe/analisis1/david-contra-goliat-la-lucha-por-el-derecho-a-la-reparacion-de-las-victimas-de-esterilizaciones-forzadas-frente-al-minjus/
[5] Al respecto, y como mencionó una de las representantes de la sociedad civil, el Estado peruano se comprometió, entre otras cosas, a establecer un grupo de trabajo enfocado en el otorgamiento de reparaciones integrales a las víctimas de esterilizaciones forzadas.
[6] Siguiendo a la representación del Estado, entre 2016 y agosto del 2023 se atendieron 6,103 casos y se brindaron 70,596 acciones de atención especializada
[7] Mencionó que se vienen conociendo 41 carpetas fiscales en etapa de diligencias preliminares en agravio de 189 ciudadanas en el marco de los cuales se han realizado diversas diligencias. A nivel judicial, se informó que existe un expediente que comprendía a 1,264 personas agraviadas y que el caso se encontraba en etapa de instrucción; no obstante, en noviembre de 2022 el Ministerio Público presentó un pedido de ampliación para que se incorporen a 2,626 agraviadas. Reconoció que el auto de este proceso fue declarado nulo a raíz de una resolución emitida en 2023 a propósito de un proceso en sede constitucional, por lo que, a la fecha, este caso está pendiente de pronunciamiento.
[8] Al respecto, cabe aclarar que no se brindaron mayores detalles sobre este mecanismo supuestamente creado en enero de este año.
[9] Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 60/147, aprobada el 16 de diciembre de 2005. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Sección XI Reparación de los daños sufridos.
