Por Álvaro Miñán (*) y Jeferson Herrera (**)
Desde hace más de dos décadas, la memoria histórica sobre el conflicto armado interno en el Perú (1980-2000) continúa siendo un tema central en los debates sobre justicia transicional, derechos humanos y la restauración del vínculo entre Estado y sociedad. A pesar de los esfuerzos por esclarecer la verdad, rendir cuentas y promover la justicia, el silencio y la negación sobre el conflicto persisten en algunos sectores de la sociedad peruana.
Nos situamos, pues, en un escenario de continua disputa por memorias y olvidos que forman parte de un relato mayor, de nuestro relato como sociedad, en el que quedan heridas abiertas del posconflicto y en el que la violencia estructural persiste. Además de esto, somos testigos de retrocesos en materia normativa que abonan la cultura de la impunidad, leyes que parcializan la enseñanza formal sobre el conflicto armado interno y respuestas estatales a las protestas que van en contra de las garantías de no repetición.
En estas circunstancias, los jóvenes que trabajan en la preservación de la memoria histórica se enfrentan a grandes desafíos. Como advierte Cynthia Milton, investigadora en historia y memoria, «la lucha por la memoria es también una lucha por el poder de definir el pasado y su significado para el presente» (Milton, 2014). En este sentido, los jóvenes deben navegar entre las tensiones políticas y las diferentes versiones de los hechos, lo que representa tanto una oportunidad como una dificultad en su trabajo de mantener viva la memoria del conflicto.
En lo que respecta a la educación formal, en el Perú se vive un retroceso en la pedagogía sobre la memoria histórica del conflicto armado interno en las escuelas. Como lo evidencia la Ley Nº 31745[1], se busca mostrar en los textos escolares una versión oficial de los hechos sobre la derrota del terrorismo en la que se omite la responsabilidad de las fuerzas armadas en la violación de derechos humanos. Además, existe la práctica del terruqueo, que gana cada vez más terreno en un sector de la ciudadanía, debido a su respaldo político, económico, judicial y mediático[FR1] .
Frente a esta situación, es importante rescatar las iniciativas dentro de universidades y colegios, donde jóvenes y maestros se involucran en la organización de espacios de discusión y reflexión intergeneracional sobre las causas y consecuencias del conflicto. Como sugiere la socióloga argentina especialista en temas de memoria, Elizabeth Jelin: «la educación tiene el poder de desafiar los silencios y poner en cuestión las narrativas oficiales» (Jelin, 2002). En este sentido, la juventud cumple un rol activo en la promoción de espacios de discusión y reivindicación de las voces olvidadas o marginadas, en muchos casos, de las comunidades indígenas y campesinas que fueron desproporcionadamente afectadas.
Además, cabe destacar el enorme rol pedagógico de los lugares de memoria para niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuyos centros educativos han adoptado las visitas periódicas a estas instalaciones como una práctica institucional. Indudablemente, estos lugares existentes en distintas regiones del país promueven una pedagogía de la memoria, permiten interpelar al relato de nuestra historia reciente y dialogar sobre ella tratándola como un proceso dinámico y cambiante, y hacen posible la transformación de sentidos y narrativas en torno a esta.
Asimismo, una práctica visible de las nuevas generaciones es el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, la cual ha sido clave para llevar el tema de la memoria más allá de las fronteras convencionales. Como argumenta Jo-Marie Burt, investigadora en temas de justicia transicional, «las plataformas digitales permiten a los jóvenes desafiar la narrativa dominante y ofrecer versiones alternativas que muchas veces son silenciadas en los espacios tradicionales» (Burt, 2009).
Ciertamente, jóvenes universitarios o pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil empiezan a participar en la generación de contenidos multimedia que narran los eventos del conflicto desde perspectivas que incluyen tanto el legado de las víctimas del conflicto como a los actores sociales involucrados en la búsqueda de justicia y reparación. Plataformas como las redes sociales, representan, al fin y al cabo, espacios de divulgación de testimonios, de creación de contenido educativo y organización de acciones colectivas. De esta forma, las posibilidades que ofrecen las herramientas de las plataformas online, en cuanto a las interacciones y alcance a un público más diverso, resultan vitales en los procesos de pedagogía de la memoria. Tal es el caso del proyecto “Reúne” del Comité Internacional de la Cruz Roja[2] y el trabajo que vienen realizando en redes sociales las voluntarias y voluntarios de la Casa de la Memoria “Para que no se repita” de la ANFASEP[3] en Ayacucho. Son iniciativas que no solo buscan preservar la memoria del pasado, sino también construir una conciencia crítica en torno a las responsabilidades estatales y sociales que permanecen vigentes.
Por otro lado, una acción que permanece acentuada en las nuevas generaciones es el ejercicio legítimo del derecho a la protesta ciudadana, los eventos conmemorativos, las intervenciones públicas y el activismo en las calles. Agurto et al. (1985) plantean que, durante las crisis sociales, las juventudes son uno de los grupos ciudadanos que desafían el orden establecido y contribuyen a la creación de un nuevo marco social para hacer frente a los retrocesos en materia de derechos.
En ese sentido, al abordar la memoria colectiva desde el derecho a la protesta las juventudes interpelan el presente a través del pasado y desafían las narrativas que buscan silenciar las actuales injusticias. Esto es especialmente relevante si se tiene en cuenta que, a pesar de las lecciones que dejó el informe final de la CVR (2003), persiste una fuerte estigmatización hacia las comunidades indígenas y campesinas de ciertas regiones en el contexto de protestas sociales (CIDH, 2023)[4].
En suma, las nuevas generaciones de jóvenes en el Perú asumen un rol fundamental en la preservación de la memoria histórica sobre el conflicto armado interno, especialmente en un contexto social y político adverso a los derechos humanos, en el que se tiende a minimizar el impacto de este periodo y presentar una historia oficial que mutila la realidad.A través de sus diversas acciones, tales como el activismo en la esfera online y offline y proyectos comunitarios, los jóvenes sitúan la memoria colectiva no solo como un acto de recordar, sino como un compromiso para enfrentar la impunidad y una lucha contra el olvido: un olvido que no queremos en nuestra sociedad.
(*)Asistente de investigación del IDEHPUCP
(**) Practicante del Área de Comunicaciones del IDEHPUCP
Referencias:
- Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo XXI Editores.
- Burt, J.-M. (2009). Silencing Civil Society: Political Violence and the Authoritarian State in Peru. Palgrave Macmillan.
- Stern, S. J. (2010). Remembering Pinochet’s Chile: On the Eve of London 1998. Duke University Press.
- Milton, C. (2014). Art from a Fractured Past: Memory and Truth-Telling in Post-Shining Path Peru. Duke University Press.
- CIDH (2023). Situación de los Derechos Humanos en el Perú en el contexto de protestas sociales. https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2023/informe-situacionddhh-peru.pdf
- Agurto, I., Canales, M. y De la Maza, G. (1985). Juventud chilena: razones y subversiones. ECO. https://bit.ly/32z2RtG
(Foto: Jennifer Rubi Retamozo Gonzales, voluntaria del IDEHPUCP)
[1] Ley 31745 aprobada por el legislativo que “Declara de interés nacional la introducción de contenidos curriculares de estudio sobre educación cívica e historia de la subversión y el terrorismo en el perú en las instituciones educativas del país”. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2178838-3
[2] Proyecto Reúne-Perú. Una campaña ciudadana que demanda intensificar la búsqueda de personas desaparecidas en el Perú entre los años 1980 y 2000: https://www.instagram.com/reune_familiasquebuscan/
[3] Campaña ANFASEP 40 años. Testimonios de las madres de la ANFASEP: https://www.tiktok.com/@anfasep/video/7250230878276750597
[4] Como se advierte en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en el Perú (CIDH, 2023), “Las protestas han sido protagonizadas, en su mayoría, por pueblos indígenas y comunidades campesinas, principalmente del sur del país, teniendo su epicentro inicial en Apurímac, Ayacucho, Puno y Arequipa; regiones en las que se ha registrado el mayor número de víctimas.”
