La semana pasada el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, se permitió hacer unas declaraciones que grafican de dos maneras, a falta de una, la carencia de modales democráticos del actual gobierno, así como su profunda incomprensión de los consensos internacionales sobre defensa de la democracia y respeto de los derechos humanos. Son declaraciones que, por su banalidad, podrían ser tomadas como ocurrencias peregrinas y, en ese entendido, no ameritar mayor comentario. Pero, desafortunadamente, los dichos del canciller, aunque parezcan simples arrebatos, en verdad reflejan una actitud predominante entre muchas de las más altas autoridades del gobierno y del Congreso en la actualidad, y por ello no pueden ser recibidas pasivamente, como elementos de un discurso político aceptable.
La primera de esas declaraciones consistió en una ofensa al embajador de Canadá –precisamente en el día de celebración de 80 años de relaciones peruano-canadienses–, a quien criticó por la alarma expresada por ese país, igual que muchos otros países democráticos del mundo, por el proyecto de control y persecución a las organizaciones no gubernamentales que está avanzando en el Congreso. Como hemos mostrado en una nota publicada la semana pasada en este boletín, el proyecto del Congreso contiene una serie de graves inconsistencias e incurre diversas redundancias respecto de medios de fiscalización ya existentes, por lo que es evidente que su propósito real no es otro que el de obstaculizar el trabajo de esas entidades de la sociedad civil. Para ello multiplica los factores por los que podrían ser sancionadas y eleva las posibles sanciones llegando incluso hasta la eliminación de una ONG de la nómina de posibles receptoras de cooperación internacional. Se trata de una evidente maniobra de persecución que, como es lógico, ha provocado la reacción crítica de diversas representaciones de la comunidad internacional en el Perú, entre ellas la de Canadá. Esta semana la embajadora de los Estados Unidos ha reafirmado esa línea crítica al decir: «en Perú, la USAID tiene un presupuesto de más de 60 millones de dólares cada año y trabajamos por las ONG en Perú. No podemos hacer nuestro trabajo aquí sin las ONG fuertes, que puedan funcionar”.
Las otras declaraciones desorientadas del ministro se refirieron a la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú y a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá, entidad que investigó los abusos cometidos históricamente contra niños indígenas en aquel país. El ministro González Olaechea se refirió despectivamente, y desde el desconocimiento absoluto, al trabajo realizado por ambas comisiones, con lo cual reveló no solo ignorancia sobre el tema sino también una enorme falta de comprensión sobre lo que está ocurriendo desde hace décadas en el mundo democrático, es decir, el esfuerzo por responder por diversos medios a las injusticias cometidas contra distintos sectores de la población, injusticias que se traducen en graves violaciones de derechos humanos. Este es un tema en el que Canadá ha realizado cruciales avances y que ocupa un lugar muy especial en la conciencia democrática de aquel país. La memoria de la violencia y de los abusos pasados es hoy un elemento central de todo proyecto democrático, y es penoso que el ministro de Relaciones Exteriores, con el fin de ventilar su conocida y desinformada hostilidad a la verdad sobre el conflicto armado interno en el Perú, se haya aventurado a exponer su ignorancia nada menos que despreciando ante el embajador de Canadá los esfuerzos por recuperar y hacer valer la memoria histórica de los pueblos indígenas llevados a cabo en ese país.
En resumen, las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores sobre la protesta de la comunidad internacional frente al proyecto de control de las organizaciones no gubernamentales evidencian una bochornosa falta de respeto y tolerancia, así como una incapacidad para reconocer lo evidente: el tenebroso sendero autoritario por el que el Congreso y del gobierno están arrastrando al país, tendencia ante la cual los países democráticos del mundo tienen el derecho e incluso el deber solidario de emitir opinión. Asimismo, la calificación negativa y desinformada dedicada por el ministro al trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación reflejó una actitud negacionista frente a las crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno, actitud que caracteriza a los sectores más regresivos de nuestro entorno político. Las declaraciones del ministro González Olaechea contribuyen a acentuar la espesa niebla autoritaria que está descendiendo sobre el país, y merecen el rechazo de la sociedad peruana y de los gobiernos amigos preocupados por el futuro de la democracia en el Perú.
