Imagen: Expo Alimentaria Perú
Por Ana Lucía Araujo Raurau (*)
Luego de la reforma agraria durante el gobierno de Juan Velasco (1969) y los consecutivos procesos de parcelación de la propiedad que tuvieron lugar, la distribución de la tierra dejó de ser una preocupación para la política agraria en el Perú. Otros problemas del sector de carácter productivo y comercial se volvieron centrales en la acción del Estado: la transferencia de capacidades y tecnología, la conectividad y acceso a mercados, recientemente y el cambio climático, entre otros.
En este pequeño ensayo, quisiera argumentar que la creciente desigualdad en la distribución de la tierra es, nuevamente, un problema en ebullición para el agro peruano, por lo que merece un tratamiento integral por parte del Estado y la sociedad civil.
Como punto de partida, es necesario reconocer que la estructura agraria en el Perú es crecientemente bipolar (Eguren, 2012), con dos tendencias opuestas que se vienen acentuando en el tiempo. Por un lado, la emergencia de grandes latifundios en las áreas de frontera agrícola; y, por el otro, la exacerbación del minifundismo en territorios campesinos e indígenas.
Desde hace tres décadas, vivimos en el Perú un nuevo proceso de concentración de la tierra; especialmente en la costa y la amazonía del país. Este proceso es producto del giro neoliberal del Estado que, a partir de la constitución del 1993 y de una serie de normativas e instituciones, se abocó a promover activamente:
- La liberalización (eliminación de candados legales) del mercado de tierras,
- La habilitación física y/o legal de tierras agrícolas en superficies no tradicionalmente agropecuarias (desiertos y bosques), y
- La presencia de la gran inversión privada en el sector agrario. (Remy y De los Ríos, 2012)
Se generaron así, las condiciones para la constitución de nuevas grandes propiedades y ascenso del gran agronegocio exportador como paradigma de desarrollo agrario en el país.
En paralelo, viene tomando lugar un acelerado proceso de fragmentación de la propiedad y tenencia de la tierra a nivel de la agricultura familiar (CEPAL, 2020), generalmente productores organizados en comunidades campesinas y nativas. Aunque no existen muchos estudios en profundidad sobre esta problemática, podemos afirmar que uno de los principales mecanismos de la partición y reducción de los predios agrícolas es la práctica desregulada de la herencia familiar, que divide las unidades productivas originales en fincas aún menores (Araujo, 2021). A la par, otros mecanismos de distribución de la tierra usados por pequeños productores tampoco abonan una solución al problema: los contratos al partir entre parientes, las adjudicaciones individuales organizadas por comunidades, o los arriendos de tierras o bien no contribuyen a componer predios de mayor escala o ya directamente, favorecen una mayor atomización de la tenencia de la tierra (Araujo, 2021).
Ahora bien, es importante mencionar que la política pública ha ignorado largamente el problema del minifundio contemporáneo. Aunque instrumentos de gran envergadura como la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural (ya no vigente) y la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar mencionan la pérdida de escala de las unidades productivas en el Perú como una causa estructural del pobre desarrollo agrario en el país, ello no ha derivado en programas o acciones concretas para regular y/o promover la composición de fincas. Otros marcos de política de menor nivel y más específicos[1] que tratan el tema con un carácter más operativo no han sido implementados.
El resultado de la intervención diferenciada del Estado es una estructura agraria de una evolución marcadamente desigual. Para muestra, un botón: en la costa peruana, Bourlliard y Eresue (2015) evidencian que la expansión de la frontera agrícola en los desiertos ha sido aprovechada casi en su totalidad por la agricultura empresarial. Así, entre 1994 y 2012, los predios mayores a las 500 Ha crecieron superlativamente tanto en número (+338% más unidades) como en superficie (+291%[2] más de tierra bajo su control) (Bourlliard y Eresue, 2015). Lo mismo no sucedió para las unidades de agricultura familiar (5Ha o menos), que no sólo crecieron en menor proporción, sino que este incremento fue más en cantidad de fincas (+41%) que en superficie manejada (+12%). Si vemos la repartición de la torta para el año 2012, mientras que más de 250 mil unidades de agricultura familiar controla cerca del 50% de la tierra bajo riego en la costa, 82 grandes propiedades (de 2,500 Ha a más) son propietarias de cerca de 1/3 de este recurso (Bourlliard y Eresue, 2015).
El problema central es que estos dos modelos, el del gran latifundio corporativo y del minifundio diminuto o “microfundio”, son insostenibles. Araujo (2022) evidencia que el crecimiento económico y aparente eficiencia productiva[3] de las grandes agroindustrias en la costa norte se ha sostenido en una alta precarización del empleo y una mayor presión sobre los servicios públicos del Estado. En consecuencia, el desarrollo económico y humano en estos territorios es exiguo, y sus habitantes padecen de vulnerabilidad económica, logro educativo y acceso a la salud muy restringidos, entre otras taras propias de un modelo sostenido en la concentración de recursos y limitada distribución de la renta (Araujo, 2022). Cabe mencionar también las externalidades ambientales que las grandes propiedades generan en sus enclaves y que derivan problemas públicos mayores, como el estrés hídrico en ámbitos de costa o la deforestación en la Amazonía.
Por su parte, la progresiva fragmentación de la tierra constriñe la eficiencia productiva de la agricultura familiar y su capacidad para generar desarrollo. Así, problemas ya conocidos como la baja productividad, los elevados costos de acceder directamente a mercados, o la baja adopción de nuevas tecnologías se agravan más cuando los agricultores tienen predios muy pequeños. A la par, es más difícil implementar soluciones – por ejemplo, impulsar el cooperativismo- en un contexto de gran atomización de la estructura agraria. Un efecto aún más crítico, desde mi perspectiva, es el potencial retroceso en la capitalización de las relaciones de trabajo en el campo. El microfundismo podría afectar negativamente (reducir) la demanda de trabajo asalariado y perjudicar a sectores de la sociedad rural que dependen del peonaje agrícola.
A lo largo de este breve ensayo he demostrado que el problema de la agricultura en el Perú tiene un eminente y creciente carácter distributivo, además de productivo y comercial. Por el momento, la estructura agraria bipolar vigente en nuestro país se profundiza sin generar fuertes interdependencias entre ambos polos (es decir, que la propiedad/presencia de unos no significa el despojo/desplazamiento de otros[4]). No obstante, esta situación puede cambiar en el tiempo: mientras la pequeña agricultura sigue su camino hacia una mayor precarización e hiperfragmentación, se generan las condiciones para nuevos procesos de concentración esta vez por composición y absorción de fundos diminutos y poco rentables.
En ese sentido, este texto es también un llamado a acabar con el silencio sobre la problemática distributiva en la discusión nacional y la política pública del sector agrario. Ello implica poner sobre la mesa el restablecimiento de medidas ya conocidas, como limitar el tamaño de la propiedad de la tierra por parte de grupos empresariales; pero también imaginar y concebir políticas nuevas para proteger las pequeñas fincas de una mayor división y promover su escalamiento. Un compromiso activo con el tema por parte de quienes gobiernan los territorios rurales (comunidades) y quienes han sido históricamente marginados del acceso a la tierra -las mujeres y la juventud rural- será clave para posicionar y avanzar en esta agenda.
(*) Antropóloga por la PUCP, estudiante de la Maestría en Geografía por la Universidad de McGill, Canadá. Miembro del consejo directivo del Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA) 2022-2024.
