Fuente: Jesús Saucedo / @photo.gec.
A propósito de la versión preliminar de una norma que revela cual será el comportamiento del Ejecutivo frente la cobertura periodística de las protestas sociales.
Por Mario Munive (*)
No recuerdo algún documento oficial que aluda con tanto énfasis a la defensa de los derechos humanos, a la vigencia del enfoque de género y a la interculturalidad como un eje transversal de las políticas públicas para en la práctica y proponer exactamente todo lo contrario. Esa es la paradoja del protocolo publicado el 1 de marzo por el Ministerio del Interior.
Sus primeras páginas parecen la antesala de un marco legal para corregir excesos y sancionar abusos policiales. Pero la ilusión se desvanece líneas abajo. Ni bien se salta de los considerandos generales a las disposiciones específicas, el protocolo contradice su preámbulo y propone medidas que son una clara violación al derecho a la información garantizado por la Constitución Política del Perú.
“Toda persona –se lee en el artículo 2 de la Constitución– tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento (…) por cualquier medio de comunicación, sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de ley”.
Y este derecho es el que intenta limitar (por decir lo menos) el protocolo difundido por el Ministerio del Interior. Me explico: estar en el lugar de los hechos, ser testigo y fuente de primera mano de lo que ocurre es una de una de las más viejas (y vigentes) aspiraciones de cualquier periodista. No hay parámetros, según la Constitución, que nos impidan registrar los hechos de interés público.
El protocolo del Mininter indica, por el contrario, que los reporteros deberán ubicarse en los lugares que la Policía indique en medio de una protesta social. Es decir, si llegara a aprobarse esta norma, en adelante los periodistas deberán seguir órdenes policiales en la cobertura de manifestaciones, disturbios o enfrentamientos.
Ignorar esta restricción tendrá un precio, advierte el protocolo. Si se incumple las órdenes de la Policía Nacional y “se produce alguna afectación a la integridad de los periodistas será bajo su responsabilidad”. Me queda claro que detrás de esta afirmación se esconde una amenaza: aquel que se atreva a saltar ese cordón que la Policía quiere tender alrededor de la prensa sufrirá las consecuencias.
No es, por tanto, la defensa de la vida y la integridad física de los periodistas lo que busca garantizar esta norma. Mucho menos pretende instruir a agentes del Estado sobre el respeto que deben exhibir en su trato con los hombres y mujeres que salen a las calles a dar cuenta del malestar social. Este es un protocolo diseñado para restringir y vigilar la reportería periodística en una coyuntura de conflicto social y político. Y esta pretensión, como sabemos, no es propia de un régimen con equilibrio de poderes, Estado de Derecho y respeto a las libertades civiles.
Pero el protocolo contiene otras inconsistencias:
Uno: Asegura que el Colegio de Periodistas del Perú (CPP) es la institución que representa y vela por los derechos de quienes ejercen el periodismo en este país. Y eso no es verdad. Frente a las sistemáticas agresiones sufridas por decenas de reporteros durante la cobertura del estallido social, el CPP no se ha pronunciado, a diferencia de otras instituciones, como la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) o el Consejo de la Prensa Peruana.
La verdad sea dicha: son muy pocos los periodistas que han cubierto en las calles el estallido social de los últimos tres meses que figuran en los padrones del Colegio de Periodistas del Perú. Esta entidad agrupa sobre todo a profesionales que ahora se dedican a las relaciones públicas. Sé que sus directivos han expresado su desacuerdo con el protocolo y han remarcado que sus recomendaciones fueron ignoradas por el Mininter. Mi aprecio y respeto por los comunicadores que se dedican a las relaciones públicas, pero es pertinente señalar que el periodismo se rige por otros principios y propósitos. Su primera lealtad está con los ciudadanos. Su misión es construir la versión más certera y documentada de los hechos. Y lo más importante: el periodista siempre deberá mantener distancia del poder si presume de ser independiente.
Dos. El protocolo recomienda la “homogenización de la identificación de los periodistas en el lugar de los hechos”. ¿Qué es lo que entiende el Ejecutivo por “homogenización”? ¿Se alude acaso a salvoconductos para la cobertura de las protestas sociales? ¿Quién los otorgaría y bajo qué criterios? En la misma línea, se propone que los periodistas tienen que pertenecer a medios de comunicación “legalmente constituidos”.
Vayamos por partes.
¿Cuáles son, para el Ejecutivo, los medios de comunicación “debida y legalmente” constituidos en el Perú? ¿Acaso aquellos que han repetido la narrativa gubernamental que demoniza a todos los que protestan? ¿Los medios dedicados al periodismo de investigación que revelaron, por ejemplo, cómo la policía causó la muerte de seis civiles en Juliaca están “debida y legalmente” constituidos según la óptica del Mininter? ¿Y qué estatus tendrán en este protocolo los periodistas freelance que registraron el momento en que la policía lanzó gases lacrimógenos contra un grupo de madres aimaras que cargaban a sus hijos sobre la espalda? ¿Quién decidirá cuáles son los medios y los periodistas con derecho a informar desde el espacio público?
Exigir a los periodistas que cubran “desde lejos” las protestas sociales, incrustar como un requisito para ejercer el periodismo la filiación a un colegio profesional sin mayor representatividad o reconocer el derecho a informar desde el espacio público solo a los medios “legalmente constituidos” son sin duda los primeros pasos de un régimen que adquiere características cada vez más autoritarias.
Tres. Quizás el rasgo más errático de este protocolo resida en la convicción añeja, anacrónica, de que, en el año 2023, con smartphones dotados de cámaras de fotografía y video en las manos de millones de ciudadanos/as, con cámaras de videovigilancia en cada avenida, en cada calle, en cada esquina, todavía es posible esconder o borrar la realidad. Muchas de las narrativas que satanizan a quienes salen a las calles a expresar su descontento han empezado a deshacerse frente a las imágenes que revelan cuál es la orilla desde la que suele emerger la violencia.
Han transcurrido dos semanas desde la prepublicación del protocolo y no sabemos cuál será su destino: si será archivado ante las críticas que ha provocado o si entrará en vigencia como instrumento coercitivo de un régimen que se prepara para sostenerse en el poder, literalmente, cueste lo que cueste.
(*) Docente de la Especialidad de Periodismo de la PUCP.
